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OPINIÓN

Credibilidad limitada

El autor analiza las cuentas para 2012 presentadas por el Gobierno.

Los Presupuestos se han elaborado bajo la necesidad de reducir el déficit de todas las Administraciones del 8,5% al 5,3% del PIB. El Gobierno logró un aumento de 0,9 puntos en el déficit permitido inicialmente por la UE (el 4,4%). Esto no parece mucho, cuando el 4,4% se aceptó bajo la premisa de un crecimiento de la economía del 2,3% (el Ejecutivo prevé una caída del 1,7%) y un déficit del 6% en 2011, que ha sido del 8,5%. Quizá otra estrategia más didáctica y negociadora habría obtenido una relajación mayor del objetivo de déficit. Del 5,3% total, al Estado le corresponde un déficit máximo del 3,5%, que implica reducir su déficit en unos 17.000 millones (1,6 puntos del PIB).

La necesidad de reducir el déficit se deriva no tanto de calmar a unos mercados que se han mostrado ineficientes (y raramente han premiado con una prima de riesgo más baja a quienes han reducido su déficit), sino de la obligación de seguir los criterios establecidos por la UE (léase Alemania) para que el Banco Central Europeo ayude a la deuda española. Porque en el pasado reciente la prima de riesgo de los países ha bajado, no cuando han consolidado, sino cuando ha intervenido el BCE.

La reducción del déficit para ganar el favor de la UE tiene un precio. Profundizará y alargará la recesión. La caída adicional del PIB por la contracción fiscal (3,2 puntos del PIB) hace que la previsión del Gobierno en los Presupuestos (caída del 1,7%) pueda, incluso, ser cauta. Quizá es hora de que alguien asuma el liderazgo en la UE de los países que, como España, necesitan otra política monetaria y plantee en el Consejo Europeo el debate entre crecimiento y consolidación.

En este contexto, el Ejecutivo ha elaborado unos Presupuestos cuyo objetivo declarado es demostrar credibilidad y seriedad. Y, para ello, ha empezado retrasándolos por razones electoralistas y estableciendo unilateralmente un objetivo de déficit (5,8%) que luego recortó la UE. Tampoco ayuda mucho a la credibilidad que todas las semanas se anuncien reformas y modificaciones.

Si las cuentas no se cumplen, la credibilidad de España bajará a niveles preocupantes

Sin embargo, el mayor problema es que los Presupuestos son poco claros, contienen estimaciones poco creíbles y algunas de las medidas que incluye son meros remiendos coyunturales. Todo ello coronado con una amnistía fiscal. En el ámbito de lo confuso, la consolidación de 27.000 millones de la que se habla continuamente se queda en una reducción del déficit de 17.000 millones (1,6% del PIB). En el camino se pierden reducciones meramente financieras, partidas de otros ejercicios, aumentos de gastos en este y una reducción de la recaudación por la crisis y la propia reducción del gasto público.

Las partidas cuantificadas de forma cuestionable afectan a dos pilares del Estado de bienestar: las pensiones y las prestaciones de desempleo. Los Presupuestos sobrestiman las cotizaciones (con 600.000 empleos menos, prevén un aumento de la recaudación); infraestiman las prestaciones por desempleo (se supone se reducen con 600.000 parados más) y, en cuanto a las pensiones, se estima crecerán la mitad que el año pasado. Incluso se supone que en este ejercicio de crisis, la Seguridad Social mejorará sus resultados.

En los ingresos hay varios problemas. Primero, algunas medidas solo afectan a los ingresos de este año. Este es el caso de ciertos de los supuestos aumentos del impuesto de sociedades (más de la mitad de la subida son pagos anticipados que el año que viene se restarán de la cuota, los gastos financieros que no se deduzcan un año pueden deducirse en el futuro, etcétera) y de la amnistía fiscal. Segundo, la magnitud del ajuste presupuestario y las cifras de recaudación hasta febrero sugieren que hay un riesgo de que la recaudación sea menor de la prevista. Tercero, la imputación de 2.500 millones a la amnistía fiscal es arbitraria y nada garantiza que se cumpla. Cabe señalar, además, que una amnistía fiscal en un país como España donde los defraudadores campan por sus respetos (véase lo pasado con quienes tenían cuentas en Suiza y Liechtenstein), es una falta de respeto a los contribuyentes honrados que deslegitima a quien la concede. Tampoco dice demasiado sobre su imagen, capacidad y voluntad de lucha contra el fraude.

Las partidas cuantificadas de forma cuestionable afectan a dos pilares del Estado de bienestar: las pensiones y las prestaciones de desempleo

Frente a esto, hubiera sido mejor adoptar medidas estructurales de mayor calado recaudatorio. Algunas opciones habrían sido elevar el IVA (quitando los tipos reducidos a muchos bienes y aumentado el tipo general); reducir bonificaciones y modificar algunos tratamientos (SICAV, rentas plurianuales, eliminar la dualidad, etcétera) en el IRPF; establecer un recargo temporal sobre los beneficios distribuidos por las empresas o gravar las transacciones financieras. Además no se debería haber recuperado la deducción por vivienda en el IRPF ni mantenido la rebaja del IVA a los picos. Cabe recordar que España tiene una presión fiscal 7 puntos del PIB por debajo del promedio de la eurozona y que en 2010 incluso Grecia recaudó más que España.

Si las cifras del Presupuesto no se cumplen, la credibilidad de España bajará a niveles preocupantes. Y si, para que se cumpla el déficit, el Gobierno tiene que estar haciendo recortes continuamente, la credibilidad y moral del país tampoco saldrán bien paradas. En última instancia, es probable que este Presupuesto se cumpla solo si el PIB cae bastante menos de lo previsto en el proyecto.

En suma, los Presupuestos que se han aprobado tendrán serios problemas para ser cumplidos. Si a esto se añaden las dificultades (en algunos casos imposibilidad) de muchas comunidades autónomas para cumplir su déficit, parece poco probable que, con los planes actuales, España vaya a alcanzar el objetivo establecido por la UE. Elaborar un plan más realista de cumplimiento, negociar con la UE la ampliación en un año del tiempo para alcanzar el déficit del 3%, aumentar realmente los impuestos y un plan efectivo (en su diseño y aplicación) de lucha contra el fraude, son algunas de las tareas pendientes.

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.