Las cuentas amenazan la recuperación

Los primeros Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy nacen con un amplio catálogo de epítetos negativos enunciados por su propio equipo: restrictivos, dolorosos, críticos, exigentes, inevitables... Estos adjetivos definen unas cuentas públicas que sufrirán un ajuste de 27.300 millones. Contienen un profundo tijeretazo que convierte los Presupuestos de 2012 en los más austeros de la democracia.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió este martes repetidamente en que el objetivo de déficit impuesto por Bruselas, en el 5,3% del PIB, es “irrenunciable”. A la Administración central le corresponde algo más de la mitad de ese esfuerzo. Y eso ha de asumirlo teniendo en cuenta que aumentan los gastos por los intereses de la deuda, el de pensiones, seguridad social y cae la recaudación por impuestos.

El primer objetivo es el déficit; el segundo, el déficit y el tercero, el déficit” Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

Con este objetivo entre ceja y ceja, el Gobierno ha metido el bisturí en casi todas las partidas de gasto público. Uno de los capítulos más perjudicados por este ajuste son las inversiones públicas, que se reducen en 5.400 millones considerando las inversiones reales y las transferencias de capital —destinadas fundamentalmente a inversiones de otras administraciones—, lo que representa un descenso del 36% en uno de los capítulos clave para impulsar el crecimiento. Una decisión que contribuyó a que la Bolsa acogiera el plan económico del Gobierno con números rojos.

Esto limita los estímulos para reanimar a una economía en cuidados intensivos. No obstante, y a pesar de todos los adjetivos, los Presupuestos elevan los gastos corrientes un 2,5%, por más transferencias a las comunidades, Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo entre otras. El Gobierno incluyó entre sus líneas rojas no reducir el sueldo a los funcionarios [el gasto de personal crece un 0,7% a pesar de estar congelado], no tocar las pensiones [la partida más importante, supone el 37,1% del gasto total, crece un 3,2%] ni las prestaciones por desempleo. Estas últimas son una de las partidas que más dudas suscitan porque caen un 5,5%, a pesar de que se prevé que el paro crecerá en 630.000 personas.

Así que el gran recorte se produce en las políticas de los ministerios, cuyo gasto se recorta en 13.406 millones, un 16,9% menos. Apuesta así por sacrificar el gasto productivo para mantener el gasto corriente, lo que puede entorpecer la recuperación. “Las partidas de gasto que se reducen y las de ingresos que se promueven son las más neutras sobre el crecimiento económico. No dañan la recuperación económica”, rebatió Montoro. El Gobierno se encuentra entre la encrucijada de respetar la meta de déficit comprometida con Europa y devolver a la economía española al crecimiento (este año se prevé una contracción del 1,7% del PIB). Mientras tanto, debe ganarse la confianza de los mercados que cuestionan la capacidad de España para devolver su deuda. Ahora está en el 68,5% del PIB, pero escalará hasta el 79,8% a final del ejercicio, el nivel más alto en democracia.

También crece el coste por los intereses de la deuda que suponen ya 28.913 millones, un alza del 5,3% que los convierte en uno de los grandes problemas para las arcas públicas. El coste del Estado para pagar su deuda suma tanto como el dinero destinado a sufragar las prestaciones por desempleo. O de forma global, los gastos financieros son superiores al recorte en los ministerios. “Hay que reducir la dependencia financiera”, dijo Montoro, y admitió que “el mayor problema de España, y el que agrava la recesión, es la financiación de la economía”. El Gobierno no aclaró a qué coste ha estimado que se financiará. Expertos consideran conservadora la previsión de estos gastos.

El consumo sigue en caída libre, lo que reduce la recaudación fiscal. Los ingresos por impuestos descienden un 17%, y las cotizaciones sociales que pagan las empresas para el sostenimiento del sistema se reducen un 3,8%. Para compensar esta caída, el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas tributarias que tendrán un efecto de 12.314 millones sobre los ingresos. La iniciativa más polémica consiste en una amnistía fiscal, con la que se prevé recaudar 2.500 millones extra de dinero negro. Los defraudadores solo tendrán que pagar un recargo del 10% sobre lo regularizado, muy inferior al que pagarían si hubieran liquidado los impuestos.

También hay una reforma en el Impuesto de Sociedades. Se limitan las grandes deducciones —sobre los intereses financieros, libertad de amortización— y se aplica un nuevo pago fraccionado que elevará la recaudación en 5.350 millones. A estas medidas hay que añadir la subida del IRPF en vigor desde febrero.

Después de todo, son los presupuestos para convencer a Europa de que España cumplirá la ansiada meta de déficit. Si la cosa se pone negra, Montoro tiene la solución. “No vacilaremos en tomar las medidas oportunas para lograrlo. Nuestro primer objetivo es el déficit, el segundo es el déficit y el tercero, el déficit”, remató.