Se ha acabado el periodo de gracia

En la última semana se le han complicado las cosas al Gobierno de Mariano Rajoy. Comenzó con la información de este diario de que la Comisión Europea ponía a España en vigilancia especial; continuó con la oportunista e interesada declaración de Mario Monti, desviando la atención de los mercados hacia España, al decir que está dando motivos de preocupación para toda Europa; vino después el giro independentista del congreso de Convergencia Democrática de Cataluña; siguió el domingo con la sorpresa de las elecciones andaluzas; y, finalmente, la huelga general, cuyo éxito desconozco cuando escribo, pero cuyos efectos se notarán en la política gubernamental, como se notaron en todas las anteriores desde la de 1988.

 ¿Hay algún nexo común entre todos estos episodios? Pienso que dos.

En primer lugar, cierran el periodo de gracia de 100 días que la tradición política dice que tiene todo nuevo Gobierno. A partir de ahora, la labor del Ejecutivo va a estar sometida a un mayor escrutinio crítico desde Europa y a un mayor conflicto interno.

En segundo lugar, esos eventos ponen de manifiesto dos cosas. Por un lado, que al Gobierno le ha fallado la estrategia económica. Por otro, que le falta un relato coherente, persuasivo, solidario, esperanzador y eficaz de la salida a la crisis. Vayamos por partes.

A estas alturas está claro que al Gobierno le falló su estrategia económica en dos frentes. Por un lado, al posponer los Presupuestos de 2012 hasta después las elecciones andaluzas. Por otro, al negociar con las autoridades europeas un objetivo de déficit público menos exigente que el que había prometido el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Este fallo de estrategia ha tenido tres efectos importantes.

A partir de ahora, la labor del Ejecutivo va a estar sometida a un mayor escrutinio crítico desde Europa y a un mayor conflicto interno

El primero es que el Gobierno de Rajoy ha perdido credibilidad más rápidamente de lo esperado, a la vez que ha provocado un aumento de la presión de los mercados sobre la deuda española. Nadie en Europa ha entendido el retraso de los Presupuestos. Hubo algo de ingenuidad, manipulación y prepotencia en la negociación de un nuevo objetivo de déficit para 2012. Ingenuidad al pensar que un Gobierno conservador sería por sí solo suficiente para que las autoridades europeas y los mercados fuesen más comprensivos y complacientes. Manipulación al exagerar la herencia recibida. Y prepotencia al utilizar el argumento de la soberanía política de España para fijar el nivel de déficit que fuese más conveniente a sus intereses. Una lección amarga.

El segundo es que el retraso de los Presupuestos no ha rendido los resultados electorales esperados. Sin duda, han sido varios los factores que han provocado ese resultado. Probablemente uno de ellos es otra manifestación de sabiduría política de la ciudadanía al no conceder el poder político absoluto a un único partido. Pero, sin duda, también ha pesado la falta de valentía del Gobierno para defender las medidas de austeridad y reforma laboral que había adoptado en estos primeros 100 días y, ante todo, el ocultar las que ha de tomar en los Presupuestos, tanto por el lado de los gastos como de los ingresos. Ahora tendrá que hacerlo en un escenario político interno menos favorable.

El tercer efecto es que, a cambio de retrasar los presupuestos, el Gobierno de Rajoy ha tenido que anticipar una reforma laboral dura que mostrara a los mercados su firme voluntad reformadora. Hay mucho mito en esto de que los mercados —es decir, los prestamistas que nos prestan su dinero— lo que quieren es ver reformas sociales duras. En realidad, lo que quieren ver —como prestamistas interesados en recuperar su dinero— es que la economía crece, porque el crecimiento es la condición más segura para que ellos puedan cobrar los intereses y recuperar su dinero.

Pero si de lo que se trata es de crecer, exportar, pagar las deudas y crear empleo, entonces es muy discutible que la reforma laboral sea la panacea universal. Hacen falta otras reformas y, en especial, políticas que mejoren la capacidad de competir de las empresas españolas.

La ventaja es que en este terreno las cosas son mejores de lo que parece. La economía española ha mostrado en la última década una sorprendente capacidad de competir. Ha sido la economía de la OCDE que, con la excepción de Alemania, mejor ha sabido conservar su cuota de exportación. Detrás de esos buenos resultados están especialmente las grandes empresas. Lo que ahora necesitamos es que desde el Ministerio de Economía y Competitividad que dirige Luis de Guindos se impulsen políticas que hagan que muchas medianas y pequeñas empresas aumenten su dimensión, exporten y creen empleo. Para lograrlo, además de austeridad y reformas, necesitamos políticas. Especialmente, políticas.

En este sentido, pienso que el Gobierno no ha sabido valorar el pacto de salarios firmado entre patronales y sindicatos unas semanas antes de la reforma. Ese pacto es una política que, al moderar los salarios y vincularlos a la productividad, es más eficaz que la propia reforma laboral a la hora de mejorar la competitividad exterior de la economía y mantener empleo.

En todo caso, el hecho es que al Gobierno de Rajoy se le ha acabado el periodo de gracia. Ahora, para avanzar, tiene que ser capaz de elaborar un relato de las causas y de la salida a la crisis que sea más objetivo, convincente, persuasivo, dialogante, esperanzador y eficaz. Solo de esa forma se creará el clima de confianza social necesario para avanzar. Si me lo permiten, de esto hablaremos en otra ocasión.