Las funestas riñas de gallos

Pésima señal si un ministro debe recordar -a su colega-, y por televisión: "Soy el encargado de esas negociaciones".

Abrió veda Luis de Guindos -Economía- en el FT británico, el 5 de enero, anunciando "controles previos" a los presupuestos de las autonomías, un expediente que corresponde a Hacienda. Le desautorizó el titular de esta, Cristóbal Montoro: "La Constitución lo hace difícil de implementar", dijo, y apostó por sanciones a los incumplidores, a posteriori.

Replicó Montoro el día 20 en el FT-Alemania, sobre un tema cuya vertiente europea compete a su colega: el déficit comprometido del 4,4% del PIB para este año, y su posible relajación, ampliando el calendario. "Es deseable y sería bueno cumplirlo", o sea, que no, pues se prometió merced a una previsón de crecimiento del 2,3%, ya "obsoleta" por optimista. Ese día, Guindos juraba en el Wall Street Journal "cumplir nuestros objetivos de déficit", y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría debió terciar en la riña: "La determinación del Gobierno es cumplir".

La cacofonía declarativa sobre los planes de futuro es funesta. Provoca pérdidas de tiempo. Desorienta a los agentes económicos sobre la dirección real del Gobierno y el marco donde deben jugar. Confunde a los mercados, ya escaldados. Y arruina la imagen de coherencia ante los socios de la UE: aunque por suerte este Gobierno no yace ahí, es útil recordar que a gobernantes como Silvio Berlusconi le derrumbaron sus promesas contradictorias y la distancia sideral entre su labia y sus actos. Lo contrario del cada día más prestigiado Mario Monti.

Vale doctrina. Pero, ¿puede cumplir España su compromiso de reducir este año el déficit del -8% y pico actual al -4,4%? ¿O llegará al -6,8% que prevé el FMI para 2012 y al -6,3% en 2013? Reducir en un año cuatro puntos, cerca de 40.000 millones de euros, es hercúleo.

España podría. Huelgan catastrofismos del tipo "si Bruselas no adapta el plan de estabilidad al nuevo escenario de recesión, no sería realista y no solamente se hundiría España sino toda Europa", casandreaba Montoro a La Vanguatrdia el pasado domingo. No es imposible. Hay precedentes: Grecia disminuyó su déficit en casi cinco puntos (4,9) en 2010, desde el 15,4% del PIB al 10,5%.

De modo que el problema no es si se puede o no. El problema es si conviene o no, a qué precio. Parece evidente que se trata de un ritmo totalmente desproporcionado. En una situación de estancamiento con augurios recesivos -y no por culpa de esa ya cansina herencia recibida, que es compartida entre todos-, reducir muchísimo más el gasto y aumentar muchísimo más los impuestos empeoraría al enfermo, helenizaría a España.

Ahora bien, para convencer a los socios de todo esto hay que evitar las riñas de gallos. Hay que usar la diplomacia discreta y no las proclamas, porque estas, de lograr su fin, aparentarían la quiebra de su empeño general (excesivo o no, ese es otro dilema) en el saneamiento de las cuentas públicas. Para convencer vale más una reflexión general: la recesión afectará a toda la eurozona (-02%), luego adaptemos los compromisos de casi todos sus socios, no de España en solitario, a la nueva realidad. Francia, por ejemplo, no bajará su déficit al 3%, sino solo al 4,4% en 2013, pronostica el FMI.

El argumento no es pues el alarido patriótico del eventual hundimiento de España, sino la necesidad de aplicar con sensatez el Pacto de Estabilidad. Este ya tolera desviaciones del déficit en caso de recesión, hasta salir de ella. ¡Pues más aún si se afronta una doble recesión! Y es táctica falaz usar de nuevo a "Bruselas" como único decisor y chivo expiatorio de nuestros males, si perdemos la discusión, o mayordomo derrotado, si la ganamos.

Ocurre que las competencias están compartidas. No es la Comisión quien actualiza anualmente el Programa de Estabilidad trienal de cada país con sus compromisos de déficit. Son los Gobiernos. Ahora bien, si están bajo vigilancia por incurrir en procedimiento de déficit excesivo, la Comisión puede modular, con mayor dureza o más flexibilidad, los ritmos de regreso al techo del 3%. Y al final es el Ecofin, los 27 ministros, quien tiene la última palabra. O sea, poca broma.