La nueva regulación de los concesionarios pone a los fabricantes en pie de guerra

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Francisco Javier García Sanz, ha arremetido hoy con dureza contra los partidos políticos que, a través de una enmienda, han introducido en la Ley de Economía Sostenible la obligación de que los productores se hagan cargo de los vehículos que los concesionarios no puedan vender. Además, ha advertido de que la norma pone en peligro todas las inversiones en las plantas españolas. Tanto las comprometidas como aquellas que pudiesen decidirse en un futuro.

Por la tarde, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informó de que ha convocado "una conferencia especial y urgente del sector de la automoción" con las comunidades que tienen plantas de fabricación de vehículos en sus territorios para analizar la situación la próxima semana. También va a solicitar una reunión con la junta directiva de Anfac. Con el mismo objetivo va a solicitar convocar un encuentro del grupo de seguimiento de la mesa de Diálogo Social Reforzado, "que se celebrará lo antes posible", añade la nota, para tratar de forma monográfica como afectará la nueva normativa al sector.

Según ha denunciado García Sanz en una comparecencia ante los medios en las que no ha ahorrado descalificativos hacia la norma y hacia sus artífices, PP y CiU, ha asegurado que estos partidos les han "traicionado" y que no han tenido en cuenta el daño que pueden provocar a la principal industria del país en un momento de crisis como el actual. Por este motivo, desde Anfac han solicitado una reunión urgente con el presidente de los populares, Mariano Rajoy, y con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. "Se trata de una intromisión política inaceptable, la industria ha perdido la confianza en la oposición, que se está equivocando y tiene que rectificar", ha defendido.

En sus declaraciones, en las que ha dejado ver con claridad que la patronal del sector está muy indignada por la iniciativa, ha alertado de que pone en riesgo los puestos de trabajo de miles de familias. "Esta nueva situación nos obliga a reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión. Y entre ellas, hasta la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona anunciada hace pocas semanas", ha amenazado.

En su opinión, la medida, que cambia la relación contractual en la distribución comercial de vehículos con nuevas condiciones a los fabricantes frente a los vendedores, es "injustificada e inoportuna", así como ha criticado que genera inseguridad". El punto más conflictivo de la nueva norma es la obligación por parte de los productores de recomprar a los concesionarios un determinado número de vehículos en caso de que, transcurridos dos meses, no hayan sido vendidos.