Zapatero mantiene aplazar la jubilación a los 67 años aunque no haya consenso

El presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantiene su propósito de aplazar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Lo hará de forma progresiva , con "factores de flexibilidad razonables", que tengan en cuenta las diferentes condiciones de trabajo o años de cotización, pero lo hará aunque no tenga el acuerdo de la mayoría de las fuerzas políticas, que no han logrado consensuar este punto en el seno del Pacto de Toledo. "La reforma de las pensiones tenemos que hacerla y la vamos a hacer, con todas las consecuencias", ha enfatizado esta mañana el presidente del Gobierno al término del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

Según ha argumentado el líder del Ejecutivo, "no todas las situaciones de los trabajadores son iguales a la hora de afrontar la jubilación, ya que ni han trabajado las mismas horas" ni han realizado las mismas funciones.

"No todas las situaciones de los trabajadores son iguales a la hora de afrontar la jubilación"

"El Pacto de Toledo ha emitido un informe que es una base de consenso, pero la responsabilidad de elaborar el texto [del proyecto de ley] y los cambios en nuestro sistema de pensiones a medio y largo plazo le corresponde al Gobierno", ha agregado Zapatero, tras reafirmar su compromiso de que la reforma legal se apruebe el próximo 28 de enero.

"El Gobierno va a presentar la reforma que necesita España y todos los trabajadores, todos los que tengan 50 o menos años deben tener confianza" en que su pensión se va a mantener, ha añadido Zapatero en la rueda de prensa en la que ha analizado las conclusiones del Consejo Europeo celebrado entre ayer y hoy en Bruselas .

Medida impopular

Consciente de la impopularidad de la medida, que cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos, que han amagado incluso con una nueva huelga general, el presidente ha hecho un llamamiento a la "visión de futuro, sentido de la responsabilidad y capacidad de compromiso" de todas las fuerzas políticas, con las que mantendrá contactos antes de que la reforma legal reciba luz verde del Consejo de Ministros.

También ha anunciado su intención de abrir "un amplio debate social" para explicar las razones de la reforma. "Estoy convencido de que, con un amplio debate clarificador, la inmensa mayoría de la sociedad española, que sabe lo que está en juego, la entenderá", ha dicho.

Anticipándose a esta labor pedagógica, Zapatero ha subrayado que la Seguridad Social tiene garantizada la estabilidad durante los próximos 15 o 20 años, pero que si no se toman ya medidas habrá que tomar en su momento decisiones "más drásticas" de las necesarias ahora. También ha asumido que esta decisión puede tener un alto coste para el Gobierno, al que sería más cómodo dejar pasar este trago, pero ha insistido en que la importancia del asunto trasciende cualquier expectativa electoral. "Estamos en un momento histórico. Todos los cambios que estamos haciendo, aunque no sean fáciles, suponen hoy esfuerzos y sacrificios pero [son] confianza, prosperidad y empleo para mañana".

Hay otra razón más apremiante, que el presidente solo mencionó de pasada. "Los países que son capaces de anticiparse y de poner una hoja de ruta para que todos sepan que no habrá dificultades de aquí a 15 o 20 años son lo que merecen confianza", dijo. En otras palabras, el coste actual de la deuda española pasa por convencer a los inversores de la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.

Tras insistir en que "cada uno debe demostrar su sentido de la responsabilidad", ha concluido que la edad media de jubilación, situada hoy en 62,6 años, "no es sostenible a largo plazo" en España, que debe seguir el camino ya emprendido por Alemania, Francia o Reino Unido.

Calmar a los mercados

Zapatero ha querido salir también al paso de las dudas expresadas por la agencia de calificación Moody's de que las comunidades autónomas no contengan su gasto e impidan que se cumpla el objetivo de reducción del déficit de las administraciones públicas. "El 99% de los gobiernos autónomos y locales están cumpliendo sus compromisos", ha asegurado el presidente, quien se remitió a los datos prometidos para la semana próxima por la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

No obstante, tras subrayar la "buena voluntad" mostrada por los gobiernos autonómicos, ha advertido de que el Gobierno dispone de instrumentos para meter en cintura a quienes no se plieguen voluntariamente a la disciplina fiscal. "Al que no cumple, el Gobierno le hace o le va hacer cumplir, no voy a referirme a ningún ejemplo reciente", dijo, en alusión al Ayuntamiento de Madrid, "pero habrá algún otro".