Vivienda destinará 300 millones a la compra de suelo y promoverá el alquiler contra la crisis

La propuesta lanzada por algunos miembros del Gobierno de aprovechar la moderación de los precios de la vivienda para comprar suelo está cogiendo consistencia. Según ha anunciado hoy la ministra del ramo, Beatriz Corredor, el Ejecutivo hará en octubre próximo una oferta pública de compra de terrenos por 300 millones de euros, por la que adquirirá solares privados para la construcción de vivienda protegida (VPO) a través de la entidad estatal de suelo SEPES.

Durante su intervención en el Foro Cinco Días, la ministra de ha explicado que el Gobierno tiene la obligación de "aprovechar este parón" en el sector inmobiliario con la aplicación de "medidas estructurales" que cambien un patrón de crecimiento que durante los últimos años ha sido "imposible". Además, Corredor ha adelantado que su departamento está "firmemente decidido" a incentivar el alquiler tanto en vivienda protegida como en vivienda libre.

Sobre la compra de suelo, la idea que el ministro de Industria, Miguel Sebastián puso sobre la mesa como una solución indirecta a la crisis que atraviesa Martinsa-Fadesa -declarada recientemente en suspensión de pagos- y que, en general, afecta a todo el sector inmobiliario, Corredor ha concretado que en septiembre el Ministerio se reunirá con las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias para consensuar los criterios con los que se seleccionará el suelo, dando prioridad a los susceptibles de transformación inmediata y a aquellos situados en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.

En cuanto al precio de compra, la ministra ha explicado que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien ha dejado claro que siempre estará en función del precio de la VPO. El plazo para presentar las ofertas estará abierto durante tres meses (entre octubre y diciembre) y al término SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos.

En línea con las condiciones impuestas por el jefe de la política económica del Gobierno, el vicepresidente Pedro Solbes, Corredor ha negado que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y ha asegurado que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

Ayer, Solbes afirmó en contra de la opinión de Sebastián que la compra de terrenos nunca debe aprobarse para resolver los problemas de las empresas, en alusión a Martinsa-Fadesa, que también es la mayor propietaria de suelo del país, y que no puede concebirse "como medida de apoyo a esta crisis".

Derecho a una vivienda

Corredor ha añadido que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década. En este sentido, ha descartado incrementar la deducción fiscal por compra de vivienda para activar las transacciones de compraventa, tal y como reclama el PP. "Es como apagar fuego con gasolina o llevar bacalao a Escocia", ha puntualizado Corredor antes de criticar que "penaliza a los que deciden alquilar".

Sobre este punto, Corredor ha asegurado que para incentivar el alquiler en vivienda libre, es necesario "un aumento de la oferta disponible" y "una disminución de precios". Con la reforma de la Ley de Arrendamientos, ha afirmado, se agilizarán los procesos de desahucio y el propietario podrá recuperar su vivienda "para sí o para parientes en primer grado".

La superación de esta difícil coyuntura, que ha definido como de "profunda crisis", se basa en la confianza mutua y en la implicación del Gobierno con las empresas del sector y las entidades financieras, ha señalado Corredor.