El Gobierno italiano aprueba una ley para reflotar Parmalat

El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi ha acudido al rescate de Parmalat, la mayor alimentaria del país, que se encuentra al borde de convertirse en la mayor bancarrota de la historia europea tras detectarse un agujero de casi 10.000 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado urgentemente un decreto para la reestructuración de grandes empresas en dificultades, según acaba de anunciar el ministro de Industria, Antonio Marzano. Con un valor casi inexistente, las acciones de la compañía han quedado suspendidas en la Bolsa de Milán y excluidas del Mib 30, el índice italiano de referencia que engloba a las empresas más cotizadas.

El consejo de ministros ha aprobado decreto-ley que "contiene medidas urgentes para la reestructuración industrial de grandes empresas en estado de insolvencia", según ha anunciado el ministro de Industria, Antonio Marzano. El decreto va destinado a "grandes empresas, con un mínimo de 1.000 empleados y un endeudamiento superior a 1.000 millones de euros", ha dicho el ministro, precisando que el decreto tiene como objetivo "salvaguardar los empleos y no a los accionistas o a los gestores". En todo caso, la Comisión Europea tendrá que dar el visto bueno al plan, ya que la UE no permite ayudas estatales a las empresas.

Para salvar este escollo, el Gobierno también ha anunciado que "pedirá a la CE que reconozca el estado de crisis del sector lácteo y quesero italiano", afectado por la situación de Parmalat, y "paralelamente una derogación del régimen ordinario de ayudas de estado de manera que se pueda ayudar a las empresas ganaderas a salir de las distintas situaciones de crisis que atraviesan". Además, se prevé que el Gobierno italiano conseguirá el escudo de los bancos acreedores, necesario para escapar de la insolvencia y posible suspensión de pagos de la lechera parmesana.

Al tiempo que el Consejo de Ministros dicta sus medidas de salvación, el consejo de administración de la compañía tiene previsto adoptar otras iniciativas para reflotarla. La salida que se perfila es que sea declarado el estado de insolvencia de Parmalat. Los tribunales, a instancia del Gobierno, nombrarían un comisario, puesto que podría recaer en el actual presidente de la empresa, Enrico Bondi, encargado de presentar el plan de reflote de la compañía. Este comisario preservaría la continuidad de la empresa y se reduciría el riesgo de la quiebra.

Aunque dirigida en general a grandes empresas con riesgo de insolvencia, el decreto aprobado hoy apunta directamente a la mayor empresa alimentaria italiana, con 37.000 empleados en todo el mundo -1.200 en España, en su filial Clesa-, con una facturación de casi 8.000 millones de euros anuales y que arrastra una deuda bruta de más de 6.000 millones de euros. Los títulos de Parmalat han sido suspendidos de cotización hoy en Milán, como ya ha sucedido en otras ocasiones, por el fuerte golpe que estaban sufriendo en una jornada clave y tras haberse depreciado un 95% en ocho sesiones.

Capitalización en caída libre

El de Parmalat podría convertirse en el mayor escándalo en Europa de los últimos tiempos y la que podría ser la mayor bancarrota en una de sus empresas, que recuerda inevitablemente al escándalo Enron y sus consecuencias. Tras reconocer un agujero en sus cuentas de unos 4.000 millones, y que se teme puedan ser entre 7.000 y 10.000, Parmalat ha sufrido un castigo bursátil que ha adelgazado su capitalización a 89 millones, de los 1.824 con que arrancó diciembre. En el momento de la suspensión de su cotización en Milán, las acciones de Parmalat estaban valoradas en 0,11 euros, el mínimo posible y equivalente a nada.

Según se ha podido saber gracias a la investigación abierta por la Fiscalía de Milan, los contables de Parmalat falsificaron sistemáticamente, con un simple escáner, documentos que acreditaban bonos por valor de 3.950 millones de euros que la empresa aseguraba tener en el Bank of America, entidad que lo ha negado y que ha presentado ante los tribunales de Milán una demanda contra la lechera. La Fiscalía ya tiene abierta una investigación judicial por falsificación del balance contable, fraude agravado y manipulación del valor de las acciones.

Un contable del grupo, interrogado ayer por los fiscales milaneses confesó que habían utilizado un escaner para copiar el logotipo de Bank of America y falsificar el documento en el que se acreditaban los 3.950 millones de euros. Los fiscales están investigando a todos los administradores y revisores que aprobaron el balance del año 2002, una veintena de personas, entre ellas el anterior presidente del grupo, Calisto Tanzi, y su hijo. Fuentes judiciales han dicho hoy que se sospecha que algunas irregularidades del grupo provengan desde 1988, cuando sufrió otra crisis.