Luz para Palomares al fin

Más de 46 años después del mayor accidente nuclear sobre una población civil, el pueblo almeriense de Palomares comienza a ver la luz. El Gobierno español "ha recibido garantías de que retirará con rapidez las tierras contaminadas de Palomares". Así lo reveló ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo marroquí, Saadedin al Otmani.

La retirada de unos 50.000 metros cúbicos de tierras contaminadas por el accidente de 1966 en la costa almeriense es una antigua reivindicación de las autoridades españolas a las que, hasta ahora, se han resistido las estadounidenses, alegando su coste económico y el temor a sentar un precedente. Aunque los técnicos han estudiado distintas fórmulas técnicas, como compactar la tierra para reducir su volumen -que quedaría en unos 6.000 metros cúbicos, poco más de dos piscinas olímpicas-, España siempre ha insistido en que la salida última es su retirada, ya que la contaminación fue causada por EE UU y no existe en suelo español ningún almacén para este tipo de residuos.

Hay 50.000 metros cúbicos de la pedanía almeriense afectados por las bombas

Margallo reveló esta decisión al enumerar los asuntos que abordará mañana con la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, con quien mantendrá su primera entrevista aprovechando la presencia de ambos en la conferencia de seguridad de Múnich (Alemania).

El anuncio de Margallo coincide con lo que Kathleen Doherty, subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos de EE UU, declaró a este diario esta semana: "Estamos trabajando en una propuesta para el Gobierno de España y espero que se presente al Gobierno español pronto y que será satisfactoria. Hasta que no la presentemos formalmente no daré más detalles, pero sí espero que sea pronto".

El 17 de enero de 1966, el cielo de Palomares vivió el mayor accidente con armas nucleares sobre población civil de la historia. Un bombardero estadounidense colisionó en vuelo con el avión-nodriza del que repostaba. Cayeron cuatro bombas termonucleares, más potentes que las de Hiroshima. Dos fueron recuperadas intactas y dos liberaron parte de la carga.

El Ejército de EE UU se llevó en barco desde el puerto de Cartagena 5.500 bidones de tierra contaminada, pero quedaron restos radiactivos, incluso dos zanjas en las que EE UU ocultó desechos del material de la limpieza.

Durante décadas, nadie se ocupó del accidente -más allá de unos análisis de sangre a la población- hasta que a finales de los noventa la burbuja inmobiliaria llegó a la costa de Almería. Comenzaron movimientos de tierras y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear dieron la voz de alarma. El Ciemat es el centro heredero de la Junta de Energía Nuclear, que lleva la gestión de la zona. Al remover la tierra para construir se podía liberar plutonio. Además, con el tiempo el plutonio se descompone en americio, más volátil y fácilmente detectable.

En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004, el último Gobierno de Aznar ya incluyó una previsión para expropiar las tierras contaminadas. No citaba Palomares ni nada parecido. El secreto era el objetivo. Cuando Ecologistas en Acción denunciaba la situación eran desmentidos. En 2004, ya con el Gobierno del PSOE, llegó a la dirección del Ciemat el físico Juan Antonio Rubio y, sorprendido por la situación, decidió zanjar el tema.

El Ciemat comenzó un ambicioso estudio de caracterización del terreno. Los técnicos tomaron 325.000 muestras en una extensión de 40 hectáreas y analizaron 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de dólares para el estudio. Localizaron las trincheras en las que habían enterrado los restos y vio que había radiación más lejos de lo pensado. Expropió y valló los terrenos. En diciembre de 2008 concluyó que había 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía entre cuatro y cinco kilos). Del total de tierra, 4.200 metros cúbicos tienen un nivel de radiación que implica "la restricción total de uso". El Ciemat tiene incluso listo el plan sobre cómo tamizar la tierra en unas carpas de las que no puede salir el aire para reducir el volumen a transportar. Fue quien tuvo que impedir la construcción de una urbanización sobre el suelo contaminado.

En paralelo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó una negociación diplomática. EE UU, que desde 1997 pagaba anualmente unos 300.000 dólares al año por los análisis de la población, dejó de hacerlo en 2009. Las negociaciones eran inicialmente con el Departamento de Energía, pero al sumarse el de Defensa los españoles involucrados notaron que la negociación se enfriaba. El 21 de diciembre de 2010, en una nota verbal, España llegó a exigir la limpieza "sin dilaciones". La intención era evitar nuevos estudios.

España pedía ayuda financiera a EE UU para la descontaminación. Pero, sobre todo, que se llevaran los bidones y limpiar a la población del estigma. Zapatero trató el asunto con el vicepresidente Joe Biden en 2010 y la entonces ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, con Hillary Clinton. Los cables del Departamento de Estado obtenidos por Wikileaks muestran cómo la Embajada de EE UU en Madrid proponía pagar la limpieza y llevarse la tierra, pero no recibía respuestas claras desde Washington.

Para EE UU el material no es un problema, ya que tiene instalaciones militares más que de sobra para almacenarlo. Pero sí temía el precedente de la descontaminación, ya que ha llevado a cabo pruebas nucleares en distintas zonas del planeta y temía reclamaciones similares. Además, alegaba que España y EE UU ya acordaron en 1966 -en el llamado Acuerdo Hall-Otero-, que el accidente había quedado zanjado. Si reabrían el tema ahora, ¿qué impediría que en el futuro si mejoran las técnicas de detección no tenga otra vez a España pidiendo ayuda?

España por el contrario replicaba que ese acuerdo se firmó con una dictadura y que había restos contaminados lo suficientemente grandes que demostraban que lo habían dejado a conciencia. En la negociación siempre quedó claro que este era un asunto bilateral entre países amigos, una forma de decir que España no lo elevaría a Euratom o la UE, lo que podría complicar el pacto. Además, Madrid siempre ha ofrecido a Washington que, en caso de que se llevara la tierra, le garantizaba que este era el punto final, que no habría nuevas reclamaciones.