Salud admite que las listas de espera continuarán desbocadas en 2012
El PP salva los presupuestos, pero advierte que no apoyará el copago sanitario
Otro año de listas de espera disparadas en la sanidad pública catalana, con una magnitud aún incierta porque la Generalitat sigue sin detallar cuántos pacientes esperaban operarse a finales de 2011. Así lo admitió ayer el propio consejero, tras presentar los presupuestos del departamento en la comisión parlamentaria, en la que detalló que el objetivo para 2012 es reducir alrededor del 2% las listas de espera. "Un objetivo modesto", asumió Ruiz.
Puede ser incluso más insignificante: los ciudadanos que aguardaban una intervención se incrementaron el 23% en los seis primeros meses de 2011; si esta progresión se mantuvo en el segundo semestre -cuando Salud aplicó recortes aún más drásticos-, la reducción de estas listas en dos puntos resultará casi imperceptible ante el cuello de botella que los ajustes han provocado en los quirófanos.
El que empieza será otro año complejo en los hospitales catalanes: Ruiz reconoció que reducirá el presupuesto el 4,7% -unos 420 millones de euros-, porcentaje que se suma al 10% recortado el año anterior. Si los objetivos de Salud se cumplen, esta reducción quedará en el 1,6% gracias a una serie de ingresos extraordinarios como el recorte salarial a funcionarios y la implantación del copago sanitario. Pero este copago dista de haberse aprobado. "Será ilegal", advirtió el representante de ICV, Josep Vendrell. "Vamos a presentar enmiendas contra esta medida", añadió Eva García, diputada del PP. Este partido, supuesto aliado de CiU para aprobar el copago sanitario en el Parlament, salvó el presupuesto del Deparamento de Salud con la abstención de sus diputados, pero advirtió que el denominado tiquet moderador no verá la luz. "Este presupuesto es irreal porque cuenta con ingresos que quizá no se producirán", concluyó el portavoz del PSC, Josep Maria Sabaté.
La alianza entre CiU y el PP volvió a funcionar también para tumbar las enmiendas de la oposición a las cuentas del Departamento de Bienestar Social, que se debatían a la misma hora. Su consejero, Josep Lluís Cleries, llegó tranquilo sabiendo que debía defender unos números muy parecidos a los del año pasado, 2.233 millones, el 0,5% menos. La oposición criticó las cuentas y las tachó de "regresivas". "Los presupuestos no son justos ni sociales", espetó la diputada Eva Granados (PSC).
Los partidos aprovecharon para sacar a colación la gran polémica que ha salpicado al departamento: la desastrosa revisión de la renta mínima de inserción (RMI). ERC preguntó a Cleries qué harán con las 4.521 personas que se han quedado sin esta ayuda a raíz de la revisión masiva finalizada recientemente. El PP pidió al Gobierno que revise el límite de 18.000 prestaciones del programa de la RMI que prevén los presupuestos (en diciembre había 24.765 activos).
Como novedad, Cleries anunció que se aumentará de 12.000 a 14.000 euros el techo máximo de ingresos para poder acceder al llamado cheque bebé. El año pasado la Generalitat eliminó el carácter universal de esta ayuda de 650 euros que en 2011 cobraron 6.000 familias. En 2010, antes de imponer este límite, tenían derecho a la ayuda 312.000 familias.
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