El PP exige paso a Mas tras el 20-N

Mañana se cumple un año de la victoria de Convergència i Unió (CiU) que aupó a Artur Mas a la presidencia de la Generalitat. Los recortes y las políticas de austeridad son por ahora la única obra visible de su Gobierno y para llevarla a cabo ha necesitado el apoyo constante del Partido Popular (PP). Desde el pasado domingo esta formación se siente reforzada por la amplia victoria de Mariano Rajoy y ayer planteó por primera vez lo que los nacionalistas, faltos de mayoría absoluta, se temían desde hace tiempo: el PP quiere entrar en la Generalitat, territorio que hasta ahora les ha sido vetado siempre por los electores.

CiU ha pactado con el PP todas sus políticas económicas comenzando por los Presupuestos. Las cuentas para 2012 aún no están ni presentadas, pero la nueva oleada de ajustes anunciada esta semana obligará a CiU a buscarse apoyos sólidos. Con el Partit dels Socialistes (PSC) enfrascado en su debate interno para relevar a la actual dirección, CiU mira al PP y a su alma opuesta, Esquerra Republicana (ERC). Ambos partidos movieron ayer ficha, pero el PP fue el más claro. "Un acuerdo con nosotros evitaría que Mas tuviera que estar cada día pidiendo permiso y negociando ayudas para resolver los problemas que tiene Cataluña", dijo en una entrevista a Efe Enric Millo, portavoz parlamentario del PP. Este dirigente popular utilizó un lenguaje propositivo para que su oferta no se interpretara en clave de exigencia. Se limitó a decir que CiU debería "tener en cuenta" esta posibilidad.

Los nacionalistas esperaban que el PP subiera el precio de sus apoyos después del 20-N. Para aprobar los últimos presupuestos, CiU tuvo que ceder a los populares una amplia cuota de poder en la Diputación de Barcelona. Ahora se temen que el precio pueda ser la entrada del PP al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, donde Xavier Trias gobierna con una mayoría muy precaria. La entrada de Alicia Sánchez-Camacho en el Gobierno catalán estaría ya fuera de cualquier previsión de los nacionalistas catalanes. Por eso la sugerencia de ayer de Millo no hace más que encender nuevas alarmas en CiU.En CiU se mira con esperanza a Esquerra Republicana. Apartada la dirección que apostó por los tripartitos con el PSC e Iniciativa, la "nueva" ERC mira con más simpatía cualquier pacto en clave nacionalista. Su presidente, Oriol Junqueras, reiteró ayer sus ofrecimientos a la colaboración, pero sus exigencias, con varias subidas de impuestos, no son nada fáciles de satisfacer para un Ejecutivo que ha hecho de la bajada de impuestos su mantra electoral.

Por complicado que parezca, Mas tantea a ERC y PP al mismo tiempo. Ayer mismo visualizó esta estrategia: por una parte, aseguró que no dará marcha atrás en los recortes porque son una "imposición" de la Unión Europea. En el mismo discurso, sin embargo, se abrió a corregir el tiro: "Si hay que rectificar, se rectifica". En cualquier caso, el líder de CiU se siente fuerte por los espléndidos resultados de los nacionalistas el pasado domingo y adviertede que los ajustes continuarán: "Nada volverá a ser como lo habíamos conocido antes".

Efectivamente, Mas ve como el primer año de su Gobierno se ha escurrido hablando única y exclusivamente de recortes, y si bien estos no han tenido efectos en las urnas, sí han provocado un serio malestar en sectores tradicionalmente afines a Convergència i Unió. El caso de los médicos es el más relevante, pero en el partido muchos dirigentes admiten que si la austeridad llevada al extremo se tiene que prolongar toda la legislatura, los colectivos de perjudicados se multiplicarán.

Promesas por cumplir

Hechos los recortes más dramáticos, el Gobierno busca ahora cómo compensar su flanco más débil: la estimulación de la economía para ayudar a poner en marcha el tejido productivo. Las leyes ómnibus de agilización de trámites administrativos y la nueva reforma laboral que Mariano Rajoy tiene en mente deberían ayudar a estos objetivos, cree CiU. Pero no será fácil salir del bache en un contexto internacional que puede obligar a nuevas reducciones del déficit en muy poco tiempo.

Además, los recortes en los servicios públicos han incentivado el incremento del paro. El número de desempleados, 615.600, es el 8,7% superior a la cifra registrada hace un año. Artur Mas tiene tres años para corregir la situación si quiere cumplir su objetivo de legislatura, que era situar la tasa de paro por debajo del 10%. Otro compromiso electoral, reducir a la mitad la tasa de fracaso escolar, también se antoja difícil, advierten los profesores. Probablemente por todo esto el Gobierno de Mas lo haya fiado todo a la consecución del pacto fiscal en la línea del concierto económico del País Vasco. Y en este punto el PP, una vez más, tendrá la última palabra.