Renta mínima y contaminación, la doble vara

El consejero de Territorio y Sostenibilidad enviaba el pasado jueves un lacónico tuit desde el monasterio de Poblet. Después de conversar y compartir refectorio con los benedictinos, Lluís Recorder se confesaba "impresionado por su compromiso medioambiental". Y no es para menos. La relación de los monjes con la madre naturaleza, de acuerdo con la regla de San Benito, se basa en el aprovechamiento inteligente de la luz solar como reguladora del horario de actividades.

Y es que la sociedad, incluso esa parte que practica la vida monástica, va por delante de sus políticos. Ahí está el contraste entre los benedictinos de Poblet, con su sensible aprovechamiento de la luz del día, y el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que desdeña la oportunidad de regular el futuro medioambiental de Cataluña. No puede entenderse de otra manera su plan anticontaminación, presentado el pasado jueves, que lo fía todo al buen hacer de las gentes e inviste a la ciudadanía -recurriendo a algunas ayudas económicas- como gran reguladora de la contaminación que vive el país y singularmente el área de Barcelona.

El Ejecutivo de CiU fía el plan anticontaminación a la bondad de la misma ciudadanía de la que duda con la renta mínima

La Cataluña metropolitana supera los niveles máximos de contaminación atmosférica permitidos por la Unión Europea, pero el indomable liberalismo del Gobierno catalán aboga por la permisividad, sin las medidas coercitivas ni la convicción que practica a la hora de preservar el orden público o de aplicar recortes. El Ejecutivo prefiere transferir responsabilidades y que recaiga sobre los municipios y los ciudadanos la incómoda toma de decisiones sobre si deben circular o no los vehículos que generan más emisiones, si hay que restringir el tráfico o si se tiene que gravar la compra de coches con motor diésel. Fiarlo todo a la bondad intrínseca de individuo es algo que parecía aparcado desde que los ilustrados sentenciaron que el hombre se torna débil, temeroso y rastrero con la vida en sociedad.

La contaminación en el área de Barcelona es la causa de 3.500 muertes prematuras al año. Además, la superación de los niveles máximos de polución, que desde 2009 marca la UE, va a repercutir en sanciones económicas. No parece que esté fundamentada en estas circunstancias la fe ciega del Ejecutivo de CiU en el libre albedrío del ciudadano. La apoteosis del laissez faire medioambiental se da también en el terreno de la fe, pues el Gobierno catalán ha transferido a los ayuntamientos la responsabilidad de decidir si van a reservar solares para las nuevas religiones, es decir, para musulmanes y protestantes. La praxis muestra que excepto en algunos municipios -Figueres, con alcalde convergente, es un digno ejemplo- ningún edil querrá enfrentarse a parte de los vecinos para hacer una exhibición de sentido común y permitir la libertad religiosa ni nada que por asomo pueda molestar a sus votantes. Nadie pide privilegios, sencillamente que previo pago de solares, en ejemplar aplicación de la doctrina de los derechos y deberes, los inmigrantes dispongan de un espacio físico para la práctica religiosa.

La doble vara de medir asoma cuando el Gobierno pone la conducta del individuo bajo sospecha y la escruta concienzudamente. Cuando en las finanzas retruena el grito de "¡Europa nos lo impone!", el ruido prusiano de los tacones al chocar es ensordecedor. Todavía no se han hecho públicas las cifras del fraude supuestamente cometido por algunos receptores de la Renta Mínima de Inserción (400 euros al mes), pero han corrido ríos de tinta acerca de la maldad humana. Esos 400 euros les han dado a algunos para pagar peajes de autopista, abonos al Canal+ e incluso han permitido, de acuerdo con el intenso relato del consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, que algún pastor de las montañas de Rif, esos que cobran aquí y luego se van a hacer gasto con el rebaño allá, se esté dando la gran vida. Pero ni una cifra. Sí han calculado, en cambio, cuánto va a suponer el ahorro que proporciona la nueva regulación de la RMI. Los 50 millones de euros que van a rebañar de esa renta mínima son exhibidos como un trofeo de caza en las videoconferencias con inversores internacionales. Se trata de una tercera parte de lo que ha dejado de ingresarse con la supresión del impuesto de sucesiones. Pero, claro, esa es otra historia. Una cosa es cortar ayudas a los más pobres por sospechas de fraude y otra mantener impuestos tremendamente injustos.