El fiscal pedirá la nulidad del 'caso Troya' si no se aceptan nuevas pruebas

Juan Martín Serón vivió ayer el día que, según él, llevaba cuatro años y nueve meses esperando. El alcalde popular de Alhaurín el Grande (Málaga, 22.000 habitantes) se sentó, por fin, en el banquillo de los acusados en el juicio por la trama de corrupción urbanística por la que fue detenido el 18 de enero de 2007. El regidor, que aquella noche mientras era trasladado en un coche policial gritó a sus vecinos "¡no vienen por mí, vienen por el PP!", mostró ayer su rostro más suave, aunque el fondo de sus palabras era igualmente duro. A las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga, Martín Serón dijo a los periodistas que se sentía "contento" por acudir ante un tribunal "independiente y profesional" y con capacidad para acabar con lo que calificó de "gran mentira" e "infamia" de su imputación.

Las defensas piden la anulación de las grabaciones al concejal Guerra

Fueron las únicas palabras que se le pudieron escuchar al regidor, que estuvo arropado por alrededor de 80 vecinos, sentados al fondo de la sala. La sesión inicial de ayer estuvo dedicada a la exposición de las cuestiones previas por parte de la fiscalía y las defensas de los 20 acusados en la vista oral. El fiscal, Juan Calvo-Rubio, sorprendió al solicitar al tribunal que acepte dos nuevas pruebas: la declaración del secretario municipal, y un dictamen de la inspección urbanística de la Junta de Andalucía sobre el planeamiento urbanístico que estaba vigente en Alhaurín en el momento en que ocurrieron los hechos. Esta petición de última hora trata de responder a una serie de dictámenes de expertos en derecho urbanístico presentados por los abogados defensores y aportados a la causa sin que le fuera notificado al fiscal. Calvo-Rubio anunció que si el tribunal no acepta sus nuevas pruebas solicitará la nulidad del juicio y la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, que inició la investigación. Los documentos a los que el fiscal no ha tenido acceso hasta fecha muy reciente abarcan "siete tomos", afirmó Calvo-Rubio.

El representante del ministerio público tuvo una cuota de protagonismo poco habitual en un trámite de cuestiones previas. Inició su exposición introduciendo varios cambios en su escrito acusatorio. En el caso de tres empresarios procesados, donde antes el fiscal decía que el acusado "abonó" una cantidad al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, el escrito debe decir "pactó con el concejal la suma de...". Calvo-Rubio sostuvo que esta modificación no afecta al delito de cohecho, que se aplica tanto al que paga o recibe un soborno como al que se limita a ofrecerlo o a pedirlo.

Por su parte, las defensas solicitaron la anulación de las grabaciones que dieron pie a la investigación y en las que se escucha a Gregorio Guerra, pedir 120.000 euros a un empresario a cambio de un aumento de edificabilidad en una licencia. Según los letrados, esta grabación vulnera los derechos fundamentales.

El letrado de Juan Martín Serón, Carlos Larrañaga, se quejó de que el escrito acusatorio del fiscal no hace imputaciones de hechos concretos pese a que se le acusa de cinco delitos de cohecho pasivo y uno de prevaricación. "No sabemos de qué se le está acusando (...) se produce indefensión", se quejó Larrañaga. Después de leer en voz alta una serie de pasajes del escrito en las que se dice que Martín Serón y Guerra forma parte de una "trama" y que el alcalde "permitió una conducta delictiva", el fiscal Calvo-Rubio ironizó: "Se podrá decir que no les gusta la redacción, pero no me presento al premio Nadal (...) hago un escrito de acusación para expertos en derecho".

El tribunal, presidido por Fernando González Zubieta, suspendió las sesiones hasta el próximo día 30 para deliberar sobre las cuestiones previas.