"Una persecución política"

El 18 de enero de 2007, cuando fue detenido tras un mitin de Mariano Rajoy en Marbella, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, cargó contra la fiscalía, la policía y el PSOE: "No vienen a por mí, vienen a por el PP", gritó el regidor tras ser puesto en libertad bajo fianza de 100.000 euros, que reunió un grupo de vecinos en pocos minutos. Ayer, tras conocer -según él por los medios, aunque el escrito lleva más de una semana en los juzgados de Coín, donde se instruye la causa- las penas que pide el fiscal por el caso Troya, el Ayuntamiento y el PP volvieron a la teoría de la persecución. En un comunicado, el equipo de gobierno alhaurino afirmó que van a "ganar" esta "guerra" y que la investigación sobre la corrupción política en la localidad es "el mayor caso de persecución política de nuestra democracia". Martín Serón se muestra convencido de que, tras conocerse la acusación "se va a demostrar una trama política del Partido Socialista contra personas honradas".

Más comedido estuvo el secretario provincial de PP malagueño, Francisco Salado, quien salió ayer en defensa del alcalde. Salado afirmó que el caso Troya es "un montaje que no llega a ningún sitio" y reclamó que el juicio sobre esta trama se celebre "lo antes posible". Salado subrayó el hecho de que el delito de blanqueo "se ha caído" del escrito de acusación y se mostró convencido de que Martín Serón saldrá absuelto. En el caso de Gregorio Guerra, Salado no fue tan contundente, y se limitó a decir que el fiscal hace valoraciones "que no son ley de obligado cumplimiento", informa Europa Press. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, se remitió a las declaraciones de los responsables provinciales del partido.

Mientras tanto, la secretaria de política institucional del PSOE malagueño, Susana Radío, pidió al PP que fuerce la dimisión del regidor. "Mientras siga Martín Serón, el nombre de Alhaurín estará vinculado a la corrupción. El PP debe replantearse seguir en el cargo y la candidatura del actual alcalde porque el principal perjudicado del proceso es el propio pueblo y su imagen pública", afirmó Radío en un comunicado.