El tribunal desestima las pruebas que pidió el fiscal del 'caso Troya'

El juicio del caso Troya sobre la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga) ha salido del trámite de cuestiones previas prácticamente igual que entró. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimado las peticiones más relevantes tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores del alcalde, Juan Martín Serón, del PP y de las otras 19 personas que le acompañan en el banquillo de los acusados.

El tribunal, presidido por el magistrado Fernando González Zubieta, ha rechazado la petición del fiscal encargado del caso, Juan Calvo-Rubio, de que un arquitecto y un jurista de la inspección urbanística de la Junta emitan un dictamen sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en el año 2006, año en que se iniciaron las investigaciones. El fiscal alegaba que al recibir con retraso los escritos de defensa de los abogados no pudo saber que estos habían aportado distintos dictámenes de expertos en derecho urbanístico que apuntaban que el planeamiento vigente en la localidad permitía otorgar las licencias sospechosas. El ministerio público acusa a Martín Serón y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, de cobrar sobornos a empresarios a cambio de dar los permisos de obra con aumento de edificabilidad.

El fiscal avisó de que pedirá la nulidad de la vista oral si no se aceptaba su petición

Esta negativa del tribunal puede acarrear consecuencias jurídicas. El fiscal Calvo-Rubio anunció en la sesión de exposición de las cuestiones previas que si la sala no aceptaba esta petición solicitaría la devolución de la causa al juzgado de instrucción.

Los magistrados también desestimaron la petición de nulidad de las grabaciones realizadas al edil Guerra por parte de un empresario que denunció ante la policía que le habían pedido un soborno. Según la sala, estas grabaciones sirven simplemente para afianzar la credibilidad de la denuncia del empresario y no afecta a los derechos de Guerra.

La Audiencia también rechazó la alegación del abogado de Martín Serón, Carlos Larrañaga, que se quejaba de que en el escrito acusatorio del fiscal no se exponían claramente qué hechos delictivos se imputan al regidor, lo que provocaba "indefensión" a su cliente. Larrañaga pretendía que se diera un nuevo plazo al fiscal para presentar un escrito más detallado. El tribunal considera que el alegato del ministerio público es suficientemente concreto y rechazó su nulidad.