Economía refuerza la lucha contra los títulos universitarios fraudulentos

El control administrativo del fraude en las titulaciones universitarias se refuerza. La modificación de la Ley Andaluza de Universidades (LAU) que el Gobierno regional está tramitando en el Parlamento regional amplía el papel fiscalizador de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia sobre los centros piratas que ofrecen títulos fantasmas. Cuando entre en vigor, el departamento de Antonio Ávila, del que dependen las universidades andaluzas, será el encargado de inspeccionar a las academias y de sancionar las irregularidades que se detecten.

Lo que se persigue es que los grados y máster que ofertan algunas academias cumplan con los requisitos legales. Normalmente, este tipo de entidades actúan como franquicias que ofrecen titulaciones de universidades extranjeras. El problema es que en los últimos años han proliferado los fraudes, según reconoce la secretaría general de Universidades, dependiente de la Consejería de Economía.

En los últimos años han proliferado los engaños delictivos

Con la reforma de la ley, las sanciones oscilarán entre los 10.000 y 25.000 euros

Las sanciones que se contemplan en la reforma de la LAU oscilan entre los 10.000 y los 25.000 euros, además del posible decomiso "del beneficio obtenido con la infracción". La consejería también podrá decretar "el cierre de establecimientos o el cese de actividades o el uso de denominaciones reservadas". Si el centro incumple estas medidas cautelares, la consejería podrá imponer "multas coercitivas de entre 500 y 1.000 euros por cada día de incumplimiento". Los encargados de realizar las inspecciones serán los funcionarios que habilite la consejería, que tendrán "la condición de autoridad y sus actas tendrán valor probatorio". Y se les faculta para realizar inspecciones en las que las academias estarán obligadas a facilitar toda la documentación que se le requiera.

Con la reforma de la LAU también se acota mucho la publicidad que las academias pueden hacer en los medios de comunicación. Entre otros aspectos, se prohíbe que se publiciten "las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos extranjeros que, aunque cuenten con las autorizaciones o actos similares previstos en sus sistemas educativos, no hayan obtenido la autorización autonómica". Además, se obliga a que cuando en un anuncio se haga referencia a unos estudios concretos se incluya el número de clave con el que está inscrito en el "registro estatal de universidades, centros y títulos". En caso contrario, se hará "mención específica de su no inscripción por tratarse de un título correspondiente a enseñanza no oficial". "Los títulos universitarios no oficiales no podrán publicitarse o promocionarse de forma que puedan inducir a confusión con los títulos oficiales", se insiste en la modificación de la LAU.

Uno de los últimos grandes fraudes de titulaciones que se ha detectado en Andalucía data de 2008, cuando la policía detuvo al dueño de una academia de Málaga que ofrecía diplomas supuestamente respaldados por universidades de Perú. El propietario, José Lozano Márquez, y un falso médico, Juan Carlos Cofrades Santilla, están pendientes del juicio que se celebrará durante este mes en Cáceres. La fiscalía solicita para Cofrades cinco años de cárcel por falsedad de documento público y por un delito de intrusismo. Para Márquez, se piden tres años de prisión por falsedad documental.

La secretaría general de Universidades reconoce que le han llegado otras tres denuncias más sobre franquicias que podrían estar ofreciendo de forma fraudulenta titulaciones en este momento en la comunidad. En muchos casos son las universidades de referencia u otras academias las que denuncian los supuestos fraudes.

La modificación de la Ley Andaluza de Universidades, que ahora está en la fase de tramitación parlamentaria, estará lista antes de que acabe la legislatura. Y las previsiones de la Consejería de Economía pasan por que la actividad inspectora pueda comenzar el próximo curso.