La controvertida área de Vivienda

Si la política de vivienda ya fue una de las áreas de decisión más polémicas del tripartito a raíz de medidas como el alquiler forzoso de pisos vacíos o el derecho de compra preferente de viviendas -que prevén legislaciones de países como Reino Unido, Francia, Dinamarca y Bélgica-, durante esta legislatura la secretaría que dirige Carles Sala apunta a suscitar más controversia. De hecho, la denominada ley ómnibus ya desmantela parte de la Ley del Derecho a la Vivienda que impulsó ICV.

El Gobierno catalán derogará el alquiler forzoso de casas vacías en zonas donde se acrediten necesidades de vivienda y tampoco realizarán inspecciones para detectar si hay edificios desocupados. Además, los promotores tendrán la obligación de reservar menos suelo para vivienda pública.

El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha convocado a las patronales, sindicatos, partidos y organizaciones sociales que firmaron el Pacto Nacional por la Vivienda -que CiU no suscribió- a finales de este mes. A pesar de que fuentes conocedoras de esa reunión afirman que de momento la ley ómnibus no figurará en la orden del día, los sindicatos están dispuestos a plantear ese asunto.

Pero, además, las políticas de vivienda han sufrido con creces los recortes presupuestarios. El tijeretazo ha sido del 30%, según las cuentas aprobadas en el Parlament, de forma que Territorio y Sostenibilidad cuenta con 507 millones para este fin en lugar de los 723 millones del año pasado. De momento, la consejería ya ha tenido que congelar las ayudas al alquiler y renunciar a convocar la ley de barrios.