Los recortes presupuestarios hunden la construcción de vivienda protegida

La fórmula de hacer más con menos de momento no da sus frutos. Al menos en las políticas de vivienda, que han sufrido el tijeretazo de los Gobiernos central y catalán. La construcción de pisos sociales en Cataluña se desplomó durante el primer semestre del año, cuando se iniciaron 1.818 viviendas de protección pública (VPP), el 76,1% menos que en el mismo periodo de 2010, según el Informe continuo sobre el sector de la vivienda en Cataluña que elabora el Departamento de Territorio y Sostenibilidad, que se encarga de estas políticas.

El parón en la construcción de pisos protegidos se ceba sobre todo en la provincia de Tarragona. Según el informe, en las comarcas del Ebro hasta junio no se levantó ni una vivienda social, mientras que en el resto de la demarcación solo se pusieron en marcha 42. En la de Barcelona se iniciaron 1.397 pisos sociales, el 71,8% menos; en Lleida, 142 (-88%), y en Girona, 237 (-57,5%). Fuentes cercanas al departamento señalaron que parte de estas viviendas, además, se calificaron provisionalmente el año pasado, por lo que, en realidad, este año la actividad ha sido incluso menor.

En Tarragona solo se empezaron 42 casas públicas en el primer semestre

La construcción de viviendas protegidas experimentó un salto con el anterior Gobierno. Si en 2003 se iniciaban 5.073 pisos sociales, en cinco años se duplicó esa cifra y Cataluña rebasó por primera vez los 10.000 en 2008. Las cosas empezaron a torcerse en 2009. Entonces el grifo del crédito no solo se cerró para los compradores de vivienda protegida, cuyas peticiones eran rechazadas por la banca, sino también para la propia Administración. A principios de verano de ese año, recuerdan fuentes empresariales, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) llegó a acumular 33 obras de urbanización, construcción y rehabilitación de edificios sin adjudicar por falta de financiación. Aun así, el anterior Ejecutivo logró desbloquear esa parálisis e inició más de 9.000 viviendas protegidas en 2009 y 7.600 en 2010.

Para este año pintan bastos. El departamento que dirige Lluís Recoder, que ayer no respondió a este diario, ha arrancado este año con solo 1.818 viviendas iniciadas en Cataluña. Fuentes del sector explican que 2011 con mucha diferencia, va a ser el peor para la promoción pública de vivienda desde que empezara la crisis inmobiliaria.

La primera razón de ese nuevo varapalo para el sector se debe a los recortes presupuestarios. Todavía se desconoce qué ocurrirá con las ayudas que llegaban del Ministerio de Fomento para la construcción de viviendas sociales en alquiler. Antes Cataluña tenía un cupo de ayudas que agotaba enseguida, pero el ministerio le daba lo que no gastaban otras comunidades. Eso dejó de ser así el año pasado, lo cual supuso que muchas promociones ya el año pasado quedaran en el aire.El sector inmobiliario, también los promotores públicos, afirman que, en parte, han paralizado sus proyectos ante la incertidumbre de no contar con las ayudas públicas del ministerio, que sostienen que son necesarias para que los proyectos de viviendas de alquiler sean viables. Pero, además, añaden que tampoco saben cuáles son las disponibilidades de la Generalitat para subvencionar la construcción de esas viviendas, dado el tijeretazo que se ha aplicado a las cuentas públicas de este año para reducir el déficit hasta el 2,66%.

Las perspectivas no son mejores para las viviendas de compra. Ahí el principal problema es la financiación. El Gobierno central, por una parte, eliminó el año pasado las ayudas para que los adjudicatarios de pisos protegidos pudieran afrontar el pago de la entrada. Pero, además, los empresarios se encuentran con que muchas entidades financieras solicitan al promotor una lista de sus clientes finales para darles crédito. Y eso no siempre es posible, puesto que en muchas ocasiones los bancos y cajas deciden no prestar a los posibles clientes al considerar que su perfil entraña riesgo de impago, según las fuentes consultadas.

Todo ello, sostiene el sector, crea incertidumbre entre las empresas, que desconocen con qué recursos contarán. "Esta crisis está demostrando que la vivienda pública no tira del sector en periodo de crisis. Eso es preocupante, porque se está viendo que la vivienda protegida tiene problemas tanto en épocas de expansión, cuando no se hacen suficientes para toda la gente que queda excluida del acceso a la vivienda, como en momentos de recesión, cuando no se pueden construir por las dificultades de hallar financiación", asegura el responsable de Vivienda del sindicato CC OO, Xavier Becerra, quien también considera que el descenso se debe a la caída de la actividad del sector y a la llegada de menos recursos públicos.

Pero el Gobierno catalán tiene otros instrumentos para fomentar la vivienda social. Por ejemplo, adquiriendo pisos usados para venderlos o alquilarlos a un precio asequible o bien mediante la vivienda de precio concertada, que está a medio camino entre la del mercado libre y la pública.

La concertada, cara

La construcción de esta última empezó a pinchar ya en los últimos años: los precios de mercado se derrumbaron y en muchos casos los pisos de precio concertado resultaban incluso más caros que los libres. Con todo ese conjunto de medidas, sin embargo, el Gobierno catalán solo logró sumar 3.394 viviendas con algún tipo de protección o ayuda, el 57,5% menos que en el mismo periodo de 2010 (véase gráfico).