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Mena controla la renta mínima con una ETT

La Generalitat recurre a una empresa de trabajo temporal para entrevistar a 20.000 beneficiarios de la ayuda - El cuestionario consiste en 11 sencillas preguntas con las que se perseguirá el fraude

En su afán por aplicar métodos propios en el control de la Renta Mínima de Inserción (RMI), ajenos a los trabajadores sociales que llevan años trabajando con los más desfavorecidos, el Departamento de Empresa y Ocupación, dirigido por Francesc Xavier Mena, ha recurrido a una empresa de trabajo temporal (ETT) para controlar el supuesto fraude en esta ayuda, según ha podido saber EL PAÍS.

Hasta finales de septiembre, 20.000 beneficiarios de la renta mínima serán entrevistados en oficinas de la Generalitat. Al otro lado de la mesa se encontrarán en muchos casos personal de la empresa Randstad, especializada en recursos humanos. Empresa y Ocupación el viernes negó haber recurrido a una ETT. Ayer prefirió no dar explicaciones ni aclarar la formación del personal que lleva a cabo las entrevistas. El Departamento se remite a la comparecencia del próximo viernes de Mena y el consejero de Bienestar Social, los dos responsables de la crisis que este agosto ha dejado a decenas de miles de personas sin esta ayuda de subsistencia. La crisis comenzó por un cambio en el sistema de pago, aplicado sin previo aviso, que ha obligado a activar los servicios sociales en pleno agosto para asistir a los afectados.

Aunque Empresa no lo ha hecho público, fuentes conocedoras de la gestión de la renta mínima informaron ayer de que Randstad ya llevó a cabo hace tres meses una prueba piloto, en la que decenas de beneficiarios de al menos tres municipios del área de Barcelona fueron llamados por la ETT para ser entrevistados.

El sistema de control de la renta mínima ha indignado a los trabajadores sociales, que destacan que la información que pueda obtenerse con estas entrevistas ya consta en los expedientes de cada beneficiario o que pueden conseguirla ellos mismos. Cada caso, añaden, es revisado dos veces al año.La Generalitat previó un refuerzo de 80 trabajadores para las entrevistas, que se celebran por la tarde (de 15.20 a 19.40 horas) en las nueve oficinas de empleo de Cataluña habilitadas, de forma excepcional, según informó el secretario general de Empresa, Enric Colet, hace tres semanas.

Parte de estos empleados son funcionarios de Bienestar y Familia, el Departamento que dirige Cleries. El resto -un número que Empresa no quiere concretar- han sido contratados a través de la ETT.

Los asistentes sociales cuestionan la capacitación del personal externo para evaluar a los beneficiarios. Pero añaden que el principal problema es el sistema escogido: un escueto cuestionario no soluciona el supuesto fraude masivo que Mena atribuyó, casi en exclusiva, a los marroquíes. A su juicio, dijo, "muchos" de ellos cobran la renta mínima pese a que residen fuera de Cataluña.

La justificación oficial de las entrevistas es la lucha contra el fraude. Pero a los afectados se les transmite otra idea. Lo explica Esther S., una mujer de 41 años que ayer acudió a las 15.20 horas a la oficina de empleo de la calle de Sepúlveda, en Barcelona. "Me han dicho que no me preocupe de nada, que esto es solo un trámite para actualizar los datos". Esther respondió oralmente a preguntas sobre cambios en su vida personal, viajes, deudas y movimientos bancarios y se fue, sin más. No aportó documentación alguna. Esta información ya está incluida en los expedientes, de modo que las preguntas son redundantes.

Ella es una de las 34.000 beneficiarias de la RMI, una ayuda mínima de supervivencia de la que dependen 110.000 personas. La prestación básica son 420 euros mensuales, cifra que puede variar según las cargas familiares u otras circunstancias personales.

El 1 de agosto, Esther se llevó un susto mayúsculo porque no recibió, como cada mes, la transferencia bancaria que necesita para vivir. "Lo primero que pensé es que me habían quitado la ayuda. Llamé a mi asistenta social, que no sabía nada. Me dio un teléfono y tardé tres horas en que me atendieran", relató.

Su caso no es de los más angustiosos porque cobró el cheque el 5 de agosto. Pero pone de relieve el caos ocasionado por el consejero Mena, que usó bases de datos desfasadas para enviar los talones, de modo que algunos llegaron a direcciones equivocadas. "Recibí la carta que me explicaba lo que tenía que hacer... ¡el 12 de agosto!", explicó Esther, que recibe 150 euros al mes desde hace ocho meses y tiene un hijo de dos años. Al margen del susto, el caos le ha costado 60 euros. "El primero de cada mes, el banco me cobra. Pero este mes no ha podido hacerlo y me han penalizado". Una de las entidades financieras a las que Empresa remitió los cheques explicó ayer que serán "sensibles" a la hora de revisar esos recargos, siempre que el usuario reclame que le sea devuelta la cantidad.

Los errores en el envío de los cheques han tenido consecuencias aún más graves. Los talones caducan a los 15 días naturales de ser emitidos. O sea que las personas que lo han recibido después de esa fecha -y las que lo reciban a partir de ahora- se van a quedar este mes sin ayuda. El pasado viernes, el 25% de los beneficiarios aún no había cobrado la ayuda de agosto, según la Generalitat. El Gobierno catalán se negó ayer a actualizar los datos -de nuevo, con la excusa de la comparecencia- aunque distintas fuentes lo cifraron en más del 15%. Eso significa que al menos 5.000 beneficiarios (de los que dependen unas 16.000 personas) van a pasar el mes como puedan, pero sin la ayuda. La previsión es que el 1 de septiembre cobren, por transferencia, el mes que se les debe.

Isabel y Manuel esperaban ayer su turno en Palau de Mar. "Ya nos han avisado de que nos van a echar del piso, porque no hemos pagado el alquiler", contó la mujer de 45 años, madre de siete hijos y abuela de dos, de Sant Roc (Badalona). "Lo peor es que mi sobrina localizó el cheque. Se lo habían enviado a una dirección antigua, pero la mujer que vive allí por suerte se lo guardó. Ha ido al banco y le han dicho que ha caducado", lamentó. Por eso está angustiada. "Si me llega el mío ahora, también habrá caducado. ¿Cómo pago mi techo? A este paso, mis niñas no van al colegio en septiembre. No puedo pagar ni los libros ni las batas", zanjó. Otra compañera de fila se sumó: "Si no cobro, tendré que ir a robar. Y como yo, todos. No vamos a dejar que nuestros hijos pasen hambre porque estos señores quieran comprobar si somos pobres".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de agosto de 2011