Cumbre urgente para salvar municipios catalanes arruinados

La Generalitat de Cataluña se reunió ayer con medio centenar de municipios catalanes que se encuentran con el agua al cuello. Se trata de localidades entre 5.000 y 75.000 habitantes que pasan dificultades económicas graves e incluso algunos se han declarado en quiebra técnica, es decir, incapaces de hacer frente a las deudas y facturas que tienen por pagar.

Uno de los casos más extremos es Igualada (39.000 habitantes, Barcelona), un municipio que arrastra una deuda de 54 millones con los bancos, a lo que hay que sumar la cantidad de facturas sin pagar que debe determinar una auditoría que el nuevo equipo de gobierno acaba de encargar a la Diputación. El alcalde del municipio, Marc Castells, ha alertado que, si no se corrige la situación en breve, el Ayuntamiento se declarará en suspensión de pagos en septiembre. Castells asegura que las nóminas de los trabajadores públicos están garantizadas, pero no se podrá pagar a los proveedores.

Aparte de Igualada, medio centenar de municipios han sido citados por Gobernación. La mayoría son localidades turísticas de costa, como Cunit, Sitges o Tossa de Mar, entre otros. Cunit (12.500 habitantes, Tarragona) tiene una deuda bancaria de 23 millones de euros y 16 millones más en facturas sin pagar. "Si fuéramos una empresa privada estaríamos en quiebra", sentencia la alcaldesa Montserrat Carreras, que explica que el consistorio solo puede pagar las nóminas, pero no los servicios más básicos. "La luz la pagamos solo cuando nos amenazan con cortarla".

La reunión, que ha durado cerca de tres horas, ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, y de directivos del Departamento de Economía, que han pedido a los municipios que pongan en marcha medidas urgentes para enderezar su complicada situación. Entre ellas, se propone cerrar algunos equipamientos o dejar de prestar los servicios que no se puedan pagar (desde una escuela de música al cierre parcial de polideportivos, racionalizar la iluminación de las calles, etcétera). Tampoco se descarta la subida de impuestos como Tossa de Mar (6.000 habitantes, Girona), que ha aprobado un incremento del IBI (impuesto de bienes inmuebles) del 54%.

Desde la Generalitat dejan claro que "no se van a dar cheques ni premiar a los Ayuntamientos que no han hecho los deberes". Aparte del medio centenar reunido ayer, la administración autonómica calcula que al final de año podrían tener problemas económicos serios unos 200 municipios catalanes.