Los inspectores "se vendieron a quien les quiso comprar"

"Se pusieron en el mercado y se vendieron a quien les quiso comprar", dijo uno de los fiscales del caso en la recta final del juicio, para referirse a un escándalo que definió como "corrupción en mayúsculas, en negrita y subrayado". La sentencia de ayer avala el trabajo del ministerio público, que reclamó penas más duras de las impuestas pero que fue acogida con satisfacción por los dos fiscales, de larga trayectoria en la lucha contra la corrupción. "Un pelotazo de empresarios, mayoritariamente del ladrillo", dijo en otro momento el fiscal para reclamar una condena severa porque "una sociedad sana no puede permitirse estas conductas".

La sentencia es más comedida en sus valoraciones, pero sí relata que los inspectores mantenían un "pacto de silencio" a cambio de cobrar diversas cantidades de los empresarios a los que debían tutelar. Así, José María Huguet, jefe de Dependencia Regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre 1985 y 1994, cobró en una cuenta suiza un pago de 1.568.913 euros y otro de 800.000 dólares procedentes del grupo KIO. Los pagos fueron ordenados por el ahora condenado Juan José Folchi.

Fue el que salió mejor parado, pero no el único. El inspector Manuel Abella percibió 685.527 euros y su colega, Roger Bergua, otros 531.916. Álvaro Pernas cobró 300.000 euros por mirar para otro lado, mientras que el inspector Juan José Lucas Carrasco y su esposa en aquella época, Mayra Mas Echevarría, percibieron un total de 1.530.162 euros.

295 testigos

El juicio, que data de 1999, fue uno de los más largos celebrados en España (duró nueve meses) y declararon 295 testigos. Entre ellos, el propio Josep Borrell, quien confesó al tribunal su sorpresa al conocer el caso. "Todo el mundo daba por supuesto, y yo el primero, que declaraban sus ganancias en el impuesto de la renta o del patrimonio", dijo, para referirse a Huguet y su mano derecha, Ernesto de Aguiar, que también cobró la misma suma millonaria en Suiza. "De haberlo sabido los habría inhabilitado", añadió Borrell, quien confesó que las inversiones en bolsa que realizaban los inspectores eran compatibles con su cargo, aunque le provocaban "cierta incomodidad". La amistad de Borrell con Huguet data de su época de estudiantes del bachillerato.

Desde que quedó visto para sentencia hasta ayer han transcurrido otros nueve meses para redactar una sentencia que ocupa 729 páginas.