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La justicia deja libres a los tres inspectores de la trama de Hacienda

El fiscal había solicitado su encarcelamiento para evitar que huyan de España

La Audiencia de Barcelona ha acordado esta tarde dejar en libertad a los tres inspectores condenados por la trama de corrupción de Hacienda en Cataluña y ha desestimado la petición del fiscal de encarcelarlos hasta que se resuelva el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que les condenó a elevadas penas de cárcel. La Sección Novena únicamente ha impuesto a los inspectores la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la entrega del pasaporte, como únicas medidas cautelares para asegurarse que no huyan de España.

La Sección Novena condenó el pasado jueves a Josep María Huguet, máximo responsable de la inspección de Hacienda en Cataluña entre 1985 y 1994, así como a los inspectores ÁvaroPernas y Manuel Abella, a penas de 13, 12 y 11 años de cárcel, respectivamente por los delitos de cohecho, falsedad, prevaricación y omisión del deber de perseguir determinados delitos. El fiscal del caso consideró que la gravedad de las penas justificaba el encarcelamiento, pero el tribunal, formado por otros magistrados distintos a los que dictaron la condena, ha rechazado la petición.

En el caso de Alvaro Pernas, el tribunal ha solicitado a su abogado que en el plazo de dos días entregue documentación que acredite donde se encuentra, pues el jueves no acudió a la vista en la que se leyó la sentencia ni el viernes al acto en el que el fiscal solicitó esas medidas cautelares. Fuentes judiciales consideran que puede haber huido.

Del mismo modo, el tribunal ha impuesto la misma obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado y la retirada de pasaporte al ex presidente del FC Barcelona, José Luis Nüñez, a su hijo, y al asesor fiscal de su conglomerado de empresas, Salvador Sánchez Guiu. Cada uno de ellos fue condenado a penas de seis años de cárcel. La misma medida cautelar ha sido adoptada por los jueces para el asesor fiscal Juan José Folchi, condenado a siete años y medio de prisión, y para quien el fiscal solicitó una fianza de 300.000 euros, así como para el inspector Manuel Abella, a quien el fiscal pediía 50.000 euros de fianza y que fue condenado a nueve años de cárcel.