Juicio a la era del 'pelotazo' catalán

La trama de Hacienda que acabó con la candidatura de Borrell a La Moncloa llega a los tribunales - El fiscal pide hasta 22 años de cárcel para 14 acusados

La Audiencia de Barcelona empezará a juzgar esta semana la supuesta trama de corrupción en la Inspección de Hacienda en Cataluña, el caso que acabó con las aspiraciones del socialista José Borrell a la presidencia del Gobierno hace una década y que arrastró a renombrados empresarios de la ciudad y a otros profesionales de las finanzas estrechamente vinculados a la época del pujolismo que gobernó Cataluña 23 años.

Con este juicio concluye el último proceso de una época en la que abundaron irregularidades, delitos y tráficos de influencia con ramificaciones en la justicia, la política, los negocios y la propia Hacienda. Entre los 14 acusados figuran cinco de los inspectores más importantes de la época en Cataluña, pero en el banquillo se sentarán también simbólicos personajes de la época: el constructor y ex presidente del FC Barcelona José Luis Núñez Clemente y su hijo; el financiero Javier de la Rosa, que acumula una ristra de condenas judiciales; el presidente de la inmobiliaria Ibusa y candidato de Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat en 1984, Eduardo Bueno; así como asesores fiscales que en aquellos años fueron muñidores de esas operaciones que caracterizaron aquella cultura del pelotazo.

José Luis Núñez, ex presidente del Barça, y el financiero De la Rosa están acusados

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Como Juan José Folchi, administrador de Torras Hostench London en 1990, y actualmente en prisión tras acumular tres condenas firmes de entre dos y tres años de cárcel por diversos procesos del caso KIO y fracasar en todos sus intentos de salir de la cárcel, incluida la petición de indulto al Gobierno. Ahora duerme en Brians I, el mismo penal en el que está Juan Piqué Vidal, el que fuera abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana y condenado por el caso Estevill de extorsión a empresarios, otro exponente de aquellos años del lodo.

También se sentará en el banquillo Joan Antoni Sánchez Carreté, el que fuera asesor fiscal personal de Pujol y que tuvo más suerte que Folchi. Tras pagar una multa de 1,2 millones de euros, el Gobierno le indultó parcialmente y le rebajó de dos a un año de cárcel una condena por no tributar una plusvalía de más de cuatro millones obtenidos por la venta de dos centrales eléctricas compradas y vendidas en 1991 en cuestión de horas.

El juicio es uno de los más farragosos de la historia judicial española. El tribunal de la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona, presidido por Carmen Sánchez Albornoz, prevé que dure siete meses y ha señalado sesiones de mañana y tarde, de lunes a jueves. La vista se iniciará el martes con las cuestiones previas y es muy probable que se suspenda ese mismo día hasta que el tribunal las resuelva o se remita a la sentencia, como suele ocurrir.

Decenas de testigos pasarán por la sala en ese tiempo, entre ellos el propio José Borrell, pero diversas fuentes judiciales coinciden en que la sentencia dependerá en gran medida de la prueba pericial, en donde los expertos de cada parte expondrán sus criterios sobre la existencia o no de infracción tributaria y sobre la actuación de los inspectores en años anteriores. Y es que la existencia del delito fiscal arrastraría los otros cargos que imputan los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Fernando Rodríguez Rey a los principales acusados: cohecho, falsedad en documento público, oficial o mercantil, y prevaricación y por los que reclaman penas que suman hasta 22 años de cárcel para alguna persona.

Como el inspector Álvaro Pernas, en aquella época jefe de la unidad encargada de la promoción y venta inmobiliaria y que ya que fue condenado en una pieza separada de esta misma causa a 10 años de cárcel por falsear cinco actas de inspección en 1998 que permitieron a una constructora ocultar una deuda fiscal de 2,4 millones.

O José María Huguet, jefe de la Dependencia Regional de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre 1985 y 1994, que afronta una petición de 14 años de cárcel. Era el hombre de la máxima confianza de Borrell en Cataluña, cuando éste fue secretario de Estado de Hacienda. La tesis del fiscal es que los inspectores amañaron las actas a las empresas a cambio de dinero o viviendas de las inmobiliarias. En el caso de Huguet se probó que entre 1990 y 1991 cobró 1,41 millones de euros del grupo KIO en una cuenta suiza, igual que el ex inspector Ernesto Aguiar, que quedó exculpado. Ambos dijeron a la juez en su día que el dinero procedía de la Bolsa. "Es verdad que los pagos se hicieron, pero no los ordenó Javier de la Rosa", explica su abogado, Francesc Jufresa, para quien su cliente "no pinta nada en esta causa, porque entró el último como inculpado y con calzador".

El grupo inmobiliario Núñez y Navarro, defendido por Cristóbal Martell, también niega que diera ningún trato de favor a los responsables de Hacienda y asegura que entre 1992 y 1999 soportó 282 inspecciones realizadas por 47 funcionarios.

La estrategia defensiva

Las defensas de los principales acusados plantearán el primer día del juicio que los delitos imputados a sus clientes están prescritos, pero son conscientes de que esa tesis es difícil que prospere. Entre otras razones porque el supuesto soborno a los funcionarios no ocurrió en unas fechas que sean capaces de concretar para computar el plazo de la prescripción.

Igual de complejo es cuantificar el fraude a las arcas públicas por no tributar el impuesto de sociedades o el IRPF en diversos ejercicios de finales de la década de 1980 y principios de la de 1990. Los fiscales consideran que se puede acreditar un fraude de más de ocho millones de euros, una cantidad nada despreciable hace 20 años, pero admiten que no se llegará a precisar nunca.

"Éste es un juicio penal que se ha de celebrar y esclarecer si hubo cohecho y prevaricación, porque no se trata de un juicio tributario", opina Javier Melero, defensor de Huguet. Si, como está previsto, la vista se prolonga siete meses, los honorarios de las defensas tendrán muchos ceros. Sea cual sea la sentencia, acabará en el Tribunal Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0013, 13 de septiembre de 2009.

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