Obama alerta del "daño incalculable" que supone una quiebra en EE UU

La economía norteamericana sufrirá un "daño incalculable", advierte Barack Obama, como consecuencia de la suspensión de pagos a la que inexorablemente se encamina Estados Unidos por la incapacidad de sus políticos de conseguir un acuerdo para reducir el déficit público. Y, junto con este país, toda la economía mundial parece condenada a un fuerte terremoto de verano como resultado de una crisis cuyo estallido está señalado para el próximo 2 de agosto.

En un discurso televisado a la nación, el presidente norteamericano tenía previsto anoche, según adelantaron portavoces de la Casa Blanca, alertar sobre las dramáticas repercusiones que puede tener la declaración de una quiebra y hacer un último llamamiento al diálogo entre los dos partidos mayoritarios. "La negociación sigue siendo el mejor camino", tenía previsto decir Obama.

El presidente hizo una última llamada al diálogo en un discurso en televisión

Todas las Bolsas cerraron ayer a la baja en respuesta de la incertidumbre provocada por esta situación, y el impacto negativo en los mercados crecerá, probablemente, cada día que pase sin encontrarse una solución. El retraso también aumenta las posibilidades de que EE UU pierda la nota máxima de las agencias calificadoras.

El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, responsabilizó a los republicanos de "poner en riesgo la economía con su intransigencia para alcanzar un compromiso". El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, acusó, por su parte, al presidente Barack Obama de pedir un cheque en blanco para seguir endeudando a la nación.

Aunque se mantienen los contactos, no se vislumbra por el momento una fórmula que pueda evitar la catástrofe. Tanto republicanos como demócratas han decidido actuar por separado, pensando más en salvar la cara ante sus electores que en encontrar una solución.

Los republicanos, aprovechando su mayoría en la Cámara de Representantes, impulsaron ayer un plan para autorizar al Gobierno a solicitar alrededor de un billón de dólares de nueva deuda, a cambio del recorte de una cantidad idéntica del gasto público, sin aumentar los impuestos. Eso le daría a la Administración recursos para cumplir con sus pagos lo que queda de año, pero habría que volver a negociar un nuevo techo de deuda en enero, al comienzo de un año electoral. Entretanto, una comisión estudiaría cómo recortar otros tres billones de dólares del déficit nacional. Es lo que se llama una salida a corto plazo o una solución en dos etapas.

Los demócratas, que controlan el Senado, tratan de aprobar en esa Cámara otro plan que elevaría la autorización de deuda hasta los 2,5 billones de dólares, con recortes de gasto público por un monto similar, sin incluir los programas sociales y sin aumentar impuestos. Eso garantizaría los pagos del Gobierno hasta después de las elecciones de 2012.

Los demócratas y la Casa Blanca rechazan la propuesta republicana, porque creen que no despeja las dudas que este debate ha provocado en los mercados sobre la solvencia de EE UU y simplemente retrasa unos meses una negociación que puede resultar mucho más difícil en plena temporada electoral. "Una extensión a corto plazo no facilita la tranquilidad que los mercados están buscando y puede tener las mismas graves consecuencias que una suspensión de pagos", declaró ayer el líder demócrata en el Senado, Harry Reid.

Los republicanos rechazan la propuesta demócrata porque, básicamente, contradice la posición que ellos tenían al empezar esta crisis: no permitir nuevo endeudamiento sin una reducción significativa del déficit, sin tocar los impuestos.

Con sus respectivas propuestas, cada partido puede decir que presentó una alternativa para evitar la quiebra y que fueron los otros los que la rechazaron. Es un infantil pimpón político que nadie sabe a quién puede beneficiar.

Mientras tanto, se analizan los instrumentos de que dispone unilateralmente el Gobierno para evitar la quiebra. Existe una enmienda constitucional a la que podría acogerse el presidente para imponer su autoridad sobre el Congreso en esta materia. Bill Clinton ha dicho que él lo haría, pero Obama se ha manifestado en contra. El Departamento del Tesoro no ha querido especular sobre cómo reaccionará si se llega sin acuerdo al 2 de agosto.