"¿Se atrevería la Audiencia a esto si los muertos fueran españoles?"

Delfín Mojica, de 76 años, ya no toleraba la diálisis y fue hospitalizado en una clínica privada de Chiriqui (Panamá), pero ha muerto en la cama de su casa sin que ningún médico lograra salvar su vida. Es la última víctima reconocida del jarabe asesino, la número 171 de una pesadilla que comenzó en 2005 y que continúa. Hay, al menos, otros 1.959 afectados que sufren fallos renales agudos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edemas pulmonares y daños cerebrales.

Cuando Mójica expiró, centenares de víctimas del mismo jarabe, repartido gratis por la Seguridad Social panameña en los barrios más humildes y recónditos del país, se manifestaban ante la embajada de España en Panamá, frente al edificio de la Presidencia de la República y ante los Gobiernos civiles de cada provincia en protesta por la decisión de un juez español de archivar la causa de este envenenamiento masivo en el que la empresa farmacéutica española Rasfer Internacional SA jugó un papel determinante. El pasado martes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de apelación de las víctimas.

La Audiencia responsabiliza a la sociedad panameña que lo encargó

Gabriel Pascual, de 35 años, un economista que preside el Comité de Víctimas y que perdió a su abuela de 91 años y a su padre de 70, explica la indignación y desamparo que viven los enfermos y sus familiares: "Nos sentimos abandonados. No esperábamos esta decisión judicial española. Solo reclamamos un juicio justo y que los responsables paguen. Estamos convencidos que la empresa Rasfer es una de las responsables de esta tragedia. ¿Por qué se archiva?"

Rasfer Internacional SA, con sede en Barcelona, compró en China 9.000 kilos de glicerina y la exportó a la Seguridad Social de Panamá que en su propio laboratorio elaboró 216.685 frascos de jarabe para la tos que se distribuyeron gratis por todo el país. La glicerina contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol tóxico para el consumo humano, un alcohol de uso industrial utilizado como refrigerante y líquido para los frenos. En la cadena de intermediarios desde China a Panamá nadie paralizó el envio o advirtió del peligro pese a que el producto llevaba la etiqueta TD de uso industrial, no apto para consumo humano.

El juez Ismael Moreno sostiene en su auto de archivo que Rasfer no tenía obligación de reanalizar la mercancía y el magistrado Enrique López de la Sala de lo Penal responsabiliza en su auto al grupo panameño Medicom que encargó la glicerina a Rasfer y sustituyó el etiquetado de la mercancía. "Esta es la causa real del envenenamiento al margen de todo el periplo comercial", dice en su auto.

Alejandro San Vicente, abogado de las víctimas, hace un simil para explicar lo ocurrido: "Es como si pides jamones y te mandan ácido sulfúrico. La ley dice que basta que haya meros indicios para que se decida la apertura de juicio oral y aquí hay muchísimos indicios de responsabilidad de Rasfer. No hay argumentos para defender el archivo en un caso tan grave. ¿Cómo hubiera reaccionado la Audiencia Nacional si las muertes se producen aquí? ¿Se habrían atrevido a archivar el caso? Creo que no".

En Panamá hay otra causa abierta con 27 imputados, entre ellos dos exdirectores de la Seguridad Social, y una sola persona en prisión. Guillermo Saez Llorens, de 51 años, el actual responsable de la Seguridad Social panameña, reclama un juicio en España: "Los daños humanos son indescriptibles y los materiales superan los 15 millones y siguen subiendo". Jaime Ingram, letrado de la Seguridad Social panameña, anunció ayer un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Se ha privado a las víctimas al derecho a un juicio", dice.