"Es hipócrita bajar impuestos y luego pedir dinero a papá Estado"

La ministra de Sanidad, Leire Pajín (San Sebastián, 1976), afronta hoy un complicado Consejo Interterritorial. Tras las elecciones de mayo, una abrumadora mayoría de los consejeros de Salud son del PP. Las espadas están en alto: los problemas de financiación de las comunidades -un 40% de cuyo presupuesto se dedica a la atención sanitaria- serán sin duda el asunto más caliente de la reunión. Pajín afirma que llega a ella "con propuestas", como es su "obligación", pero también deseando escuchar las del PP.

Pregunta. ¿Qué le va a decir a los consejeros cuando se lamenten de que tienen los cajones llenos de facturas sin pagar?

Respuesta. Si los consejeros quieren ese debate y aportan propuestas, tienen a la ministra de Sanidad totalmente propicia para ver si hay consenso.

"Tenemos que asegurar que los 8.000 millones van a ir a sanidad"

"El copago no es suficiente, es injusto y disuasorio"

P. ¿Se va a aportar toda la transparencia a las cuentas?

R. La deuda que existe con los proveedores es pública y declarada. Lo digo porque estamos asistiendo a un debate en el que no se dice la verdad, que está desenfocado y tiene detrás otras intenciones. Cada cinco años asistimos a un debate sobre la falta de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El propio [Ernest] Lluch lo tuvo ya con la Ley General [en 1986], y dijo cosas que podría decir yo sin cambiar una coma. Esa visión excesivamente catastrofista del sistema puede llevarnos a intentar recortar o privatizar la sanidad, donde, por cierto, hay un gran negocio. Y ahí no me van a encontrar. Donde me van a encontrar es en el debate riguroso con una premisa: el sistema es sostenible si se abordan los retos que tiene, y los estamos abordando.

P. Lo malo de tener esa discusión en el Consejo Interterritorial es que el ministerio no puede ofrecer dinero.

R. Partimos de una premisa, que es lo que voy a defender: ingresos, más ahorro y eficiencia es igual a sostenibilidad. Este Gobierno ha inyectado en los últimos siete años unos ingresos adicionales de 17.000 millones de euros, y además ha apostado por unas medidas de eficiencia tanto en el uso racional de medicamentos como de prestaciones con un ahorro sin precedentes. Junto a eso, abordamos un modelo de financiación nuevo que inyectará el año que viene 8.000 millones a las comunidades y que queremos que vayan fundamentalmente para sanidad.

P. ¿Existen mecanismos para garantizarlo?

R. Propondré a los consejeros que sumemos nuestra voz y la llevemos a los Gobiernos autonómicos y propongamos un acuerdo político en el que propugnemos que el grueso de la financiación vaya para sanidad. Hay un recorrido para ello tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en acuerdos políticos vinculantes que podemos alcanzar.

P. Felipe González dijo que la sanidad está infrafinanciada, y propuso un impuesto finalista.

R. La sanidad española no es de las que más gasto público tiene. Sin embargo, es la que más calidad en las prestaciones y más garantías da. Y eso es eficiencia. Este Gobierno siempre ha sido consciente de que el sistema que heredó estaba mal financiado, con una ausencia clara de política de recursos humanos y con una investigación limitada o supeditada a prejuicios ideológicos. Este Gobierno ha adoptado medidas para mejorar su financiación, aumentamos en un punto de PIB con respecto al mejor año del Gobierno de Aznar, y hemos aprobado una ley de financiación acorde con lo que debe ser el sistema. A partir de ahí, es evidente que 1.500 euros por habitante al año, con la cartera de servicios que tenemos, no es capaz de darlo ningún sistema privado; solo uno tan eficiente como el nuestro.

P. ¿Hay un nuevo impuesto sobre la mesa?

R. En este momento no hay nada sobre la mesa.

P. ¿Y el copago?

R. No creo en el copago porque no es suficiente desde el punto de vista recaudatorio. Y desde el punto de vista sanitario es injusto y disuasorio. En este país los ciudadanos ya pagan la sanidad a través de sus impuestos y a través de las recetas. Nuestro sistema garantiza que no pague más quien más enferma, sino quien más tiene. Hay que plantearle a la sociedad si seguimos queriendo tener un sistema público y universal como el que yo defiendo, y creo que la mayoría de los ciudadanos ven bien que sus impuestos paguen la sanidad pública. Hay margen en la política fiscal para abordar este debate.

P. ¿Se ha planteado revisar la contradicción de que pensionistas de rentas altas no paguen los medicamentos y sí lo hagan, en cambio, parados con subsidios o sin ellos?

R. Hay un recorrido que vamos a abordar, que propondremos al Consejo Interterritorial, como medida previa a abrir el debate que usted plantea. Se puede trabajar con las farmacias y con la industria para mejorar el sistema de envases para que ayuden a las personas mayores a tomar mejor sus medicinas, garantizar que lo que se necesita es lo que se consume; y ahorrar en esa materia. Pero no a toda costa. Las medidas de ahorro farmacéutico (2.500 millones de euros anuales) suponen sacrificios importantes para el sector y para algunas farmacias, especialmente las que atienden el medio rural. Por ello trabajamos en medidas que garanticen su supervivencia.

P. Algunos Gobiernos, como el asturiano o el extremeño, quieren quitar el céntimo sanitario, que en todo caso la mayoría de comunidades no aplica. Sin embargo, piden más fondos estatales para sanidad.

R. Me parece hipócrita e incoherente anunciar que vas a bajar los impuestos o incluso eliminar aquellos que eran finalistas, como el céntimo sanitario, y después pedirle a papá Estado que te financie la sanidad.

P. Aparte de más financiación, ¿se puede seguir recortando o ahorrando en otras partidas?

R. Hay margen. Ya he mencionado los envases, hemos iniciado la compra central de vacunas y hay otras medidas. Por ejemplo, la prescripción por principio activo: algunas comunidades ya han llegado a su máximo, pero otras apenas lo han iniciado. Además, el Consejo Interterritorial aprobó hace un año medidas para implantar la tarjeta sanitaria única, la receta electrónica y la historia clínica. Este Gobierno no solo lo dice, sino que ha puesto sobre la mesa 240 millones de euros para ponerlo en marcha.

P. Pero estas son medidas que se pactaron hace un año, y no acaban de arrancar.

R. Quiero recordarle que todas las medidas que se anunciaron entonces -y que no dependen solo del Ministerio de Sanidad, porque entonces estarían ya aplicadas, sino del acuerdo con 17 autonomías- las hemos puesto en marcha. Por ejemplo, la monodosis en los fármacos, o el decreto de listas de espera que aprobamos la semana pasada. No se crea de la noche a la mañana una receta electrónica.

P. Se anunció una central de compras pero se ha limitado a las vacunas de la gripe.

R. Hemos empezado por las vacunas, y hemos comprobado que es un sistema viable. Nuestra intención es extenderlo a más fármacos y mirar si también es una buena fórmula para el ámbito social, de las residencias.

P. ¿Qué piensa de la propuesta andaluza de subastar el suministro de fármacos?

R. Todas las comunidades están buscando soluciones. Cuando llegamos al Gobierno la ministra [Ana] Pastor había dejado en herencia un crecimiento del gasto farmacéutico del 11%; nosotros lo estamos dejando en un descenso del 9%. Y hemos demostrado que las medidas comunes son mucho más eficaces y ahorran más; además garantizan la igualdad de derechos de los ciudadanos. Por eso vamos a abordar en el Consejo Interterritorial que se adopten medidas unitarias, que no rompan la unidad de mercado y que supongan un ahorro.

P. ¿Entrarían medidas como el cataloguiño gallego?

R. Ya sabe que hemos recurrido el catálogo gallego. Lo que ha demostrado la suspensión cautelar de la medida es que nuestras fórmulas ahorran más que las suyas, y además no vulneran derechos. Porque [Alberto Núñez] Feijoo pensaba ahorrar 24 millones de euros para el trimestre, y con nuestras medidas han ahorrado 31. ¿Cómo voy yo, como ministra, a defender una medida que ahorra menos y, además, vulnera derechos?

P. ¿Deben los ciudadanos aceptar una pérdida de calidad con los ajustes?

R. Eso es lo que algunos quieren decir, y yo no lo comparto. Lo que propongo es que la financiación extraordinaria del año que viene, más las medidas de ahorro que se pongan en marcha, vayan a garantizar las prestaciones y pagar a proveedores.

P. ¿Y cómo lo recibirán las comunidades?

R. Les voy a decir que si los 17.000 millones de euros que este Gobierno ha dado a las autonomías para sanidad se hubieran gastado en sanidad no habría ni la deuda que existe, ni recortes en las prestaciones. Ahora tienen una nueva oportunidad.

P. ¿Qué se puede mejorar en la organización?

R. Hay margen para la eficiencia desde el pacto con los sectores sanitarios. Soy partidaria de involucrar a los profesionales y colocarles en el corazón de las decisiones. Lo acabamos de hacer con los compromisos que hemos firmado con médicos y enfermeros. Si estos colectivos no están dentro del debate, de nada serviría.

P. Han reconocido que hay ciertas enfermedades laborales y profesionales que las mutuas no siempre pagan. Eso es un coste para la sanidad pública.

R. Tenemos una intuición de que eso ocurre, pero queremos trabajar sobre los datos reales. Como pasa con los ciudadanos europeos que pasan un tiempo en España. Se ha avanzado mucho, pero las compensaciones entre países tienen que ser más reales, directas y rápidas.