Teddy Bautista se queda solo

Borrascosa, complicada, larga. Así se prevé que sea hoy la primera reunión de la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores, surgida de las elecciones celebradas el pasado 30 de junio. Los 38 miembros de la junta directiva -siete de gran derecho (dramaturgos, compositores y coreógrafos), 16 de pequeño derecho (compositores y autores de música), siete de audiovisual y ocho de editores musicales- se reunirán esta tarde en el Palacio de Longoria en doble convocatoria (15.30 y 16.00) para enfrentarse a la delicadísima situación que vive desde hace 10 días la SGAE.

Los presuntos fraudes y apropiaciones indebidas descubiertos, las detenciones de parte de su cúpula directiva y la imputación del presidente del Consejo de Dirección, Teddy Bautista, hacen de esta primera reunión de la junta directiva algo muy especial.

Víctor Manuel ya pidió la semana pasada a Bautista que se marchara

Todo ello bajo las presiones de la lista perdedora, la de José Miguel Fernández Sastrón, que compitió por 23 vocales (la candidatura continuista, la CPAC, obtuvo los 30 a los que optaba) y que se ha personado en la acusación en la Audiencia Nacional; y la del manifiesto firmado hasta ayer por casi 300 socios en el que se pide una refundación de la entidad, empezando por una asamblea general extraordinaria. La junta pedirá la dimisión de Teddy Bautista, algo que ya le solicitó en privado a finales de la semana pasada su amigo y miembro de esta misma junta, el cantante Víctor Manuel; el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE se negó en redondo.

Este será uno de los principales escollos de la reunión, un escollo que ya torpedeó este fin de semana la iniciativa de los firmantes de un manifiesto que pedía una comisión rectora unitaria. "Se resistirá como gato panza arriba", aseguran quienes conocen bien a Bautista, aunque también admiten que la presión puede hacer mella en su actitud.

En lugar de proceder a la elección del presidente de la sociedad (actualmente José Luis Borau), el presidente del Consejo de Dirección y los tres vicepresidentes, tal y como sucedería en una situación normal, los miembros de la junta directiva entrante debatirán la creación de la comisión gestora que investigue las denuncias y presente sus propias conclusiones. Este organismo estará formado, según fuentes de la junta, por cuatro miembros de cada uno de los colegios de la SGAE y por representantes de la candidatura perdedora en las elecciones que lideró Sastrón. Sin embargo, una portavoz de esta candidatura asegura que nunca han recibido esta propuesta y que nunca la aceptarán.

Al no someter a votación los nuevos cargos, Teddy Bautista, si no admite su dimisión, se quedará en funciones al frente de la SGAE, lo que, en opinión de miembros de la junta, hará imposible una investigación clara y decidida. Según los estatutos de la SGAE, la junta directiva que elige los órganos rectores debe estar constituida por la mayoría de sus miembros: un mínimo de 20. Los editores musicales (ocho vocales surgidos de una lista unitaria) están indignadísimos con la situación; los 30 vocales de la CPAC ya no son tan probautistas como antes de que estallara la Operación Saga. La cosa será, sin duda, compleja.

La comisión de investigación que saldría hoy del encuentro en la sede de la SGAE estaría presidida por un gestor "externo e independiente", cargo del que se barajan nombres como el de Miguel Satrústegui, subsecretario de Cultura entre octubre de 1987 y julio de 1989; Álvaro de Torres, gestor de la discográfica Warner Chappell (presente en la junta de la SGAE como editor musical); Manuel Pimentel, editor y exministro de Trabajo con el Gobierno de José María Aznar, y Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.

Mientras tanto, el Ministerio de Cultura continúa negando cualquier competencia de control sobre las entidades de gestión. La ministra Ángeles González-Sinde, que comparecerá mañana miércoles en la Comisión del Congreso, ya se mostró a favor de la salida de la SGAE de Teddy Bautista. El núcleo de su intervención en el Congreso estará destinado a intentar demostrar que Cultura no tiene competencias de control, según una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1997, y a dejar claro que la SDAE, la división digital de la SGAE sobre la que recaen las denuncias de malversación de fondos, es una sociedad mercantil y por tanto el ministerio no puede entrar a fiscalizarla. Según la ministra, las únicas competencias de su departamento son la de autorizar la creación de las entidades de gestión y a revocar esa autorización. Toda esta argumentación choca con el reconocimiento por parte de Cultura de que el ministerio pidió en 2008 y 2009 sendos informes a la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad (Aeval) acerca del funcionamiento de la SGAE y que tuvieron un resultado positivo. Aeval es un organismo público, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas, cuyo objetivo, entre otros, es racionalizar el uso de los recursos públicos y rendir cuentas ante los ciudadanos. ¿Por qué si no tiene competencias sobre ello pide unas auditorías?