La Comunidad no paga a las clínicas privadas a las que deriva los abortos

"Estamos desesperados; no podemos seguir así", asegura Sergio Muñoz, portavoz de la clínica El Bosque, una de las siete acreditadas por la Comunidad de Madrid para practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Este centro recibe todos los días a mujeres derivadas desde la Consejería de Sanidad para que se les practique un aborto cuyo coste va a cargo del erario público. Llegan con una carta de pago autorizada por la Comunidad de Madrid y la clínica después pasa la factura al hospital de referencia de las mujeres. El problema es que estos no pagan esas deudas o lo hacen muy tarde. La clínica El Bosque cifra en medio millón de euros lo que le adeuda la Comunidad. En la clínica Dator, una de las históricas de la capital, las facturas impagadas ascienden a más de un millón. Entre los siete centros acreditados, el agujero llega a los 2,5 millones de euros, según sus cálculos.

Cada uno de los casi 20 hospitales de la red pública que deriva a las mujeres a las clínicas privadas paga cuando quiere, o cuando puede. La demora oscila entre los tres meses y los dos años. "No se puede hablar de gratuidad cuando las que asumimos el coste somos las clínicas", asegura Empar Pineda, de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Acai), con una treintena de centros en España, y extrabajadora de la clínica Isadora, a la que la Comunidad debe otro medio millón de euros, según sus datos. Los nuevos hospitales, de gestión semiprivada, son los que peor están pagando, coinciden todas las clínicas consultadas. O los que, directamente, no pagan. "El hospital de Arganda, por ejemplo, no ha abonado una sola factura", afirma Pineda.

La Consejería de Sanidad, que dirige Javier Fernández-Lasquetty, ni confirmó ni desmintió ayer estas cifras. La portavoz del departamento no contestó a ninguna de las preguntas que le formuló EL PAÍS. Lo único que reconoció el consejero, tras una visita al hospital de La Paz, es que acumula un retraso de unos 300 días en el pago a proveedores.

Las clínicas, mientras tanto, aseguran estar con el agua al cuello. "La situación es insostenible", avisa Luisa Torres, portavoz de la clínica Dator, uno de los centros más grandes y el que más interrupciones voluntarias del embarazo realiza. Casi el 70% de los abortos que practican las clínicas se hace con cargo a la sanidad pública. De ahí que las cuentas no salgan. Sin apenas ingresos, los trabajadores de estos centros empiezan a temer por sus empleos. Antes de que se aprobara la Ley de Salud Sexual y Reproductiva -de la que ahora se cumple su primer aniversario-, el porcentaje de intervenciones procedentes del sistema público era mucho menor, de entre un 20% y un 30%. La gran mayoría las pagaban las mujeres de su bolsillo. La nueva legislación consagró el derecho a la prestación gratuita y muchas más pacientes empezaron a solicitar a sus comunidades autónomas que les financiaran la intervención.

"El ahogo económico ha llegado a unos niveles alarmantes y la situación nos preocupa mucho. Creemos que el no pagar es una estrategia de la Comunidad de Madrid para acabar con las clínicas y entorpecer su labor. No creen en la ley del aborto, en que tenga que ser una prestación de la sanidad pública y así, a través de estas fórmulas que dificultan el trabajo de los centros, lo están demostrando", critica Torres, que se plantea qué ocurriría si clínicas privadas como la suya no existieran. "Estamos aliviando al sistema de una importante presión asistencial. Además, las mujeres no tienen alternativa en la pública", dice.

No le falta razón. La Comunidad de Madrid prácticamente no realiza abortos en sus hospitales públicos. Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad (de 2009), solo cinco de las 20.191 intervenciones se hicieron en la pública. El resto fueron derivadas a las siete clínicas autorizadas. Javier Martínez Salmeán, jefe de servicio de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, y uno de los expertos que participó en la elaboración de la nueva ley del aborto -que marca un plazo de aborto libre de 14 semanas, durante las cuales la mujer no tiene que dar explicaciones-, confirma que la nueva norma apenas ha variado la situación. Algunos hospitales públicos han empezado a realizar la prestación, pero solo en casos contados. "La mayoría de las veces para diagnósticos graves de malformación", explica.

Mientras, los centros privados se ven incapaces de seguir trabajando si la situación se perpetúa. La Comunidad de Madrid no salda sus deudas, y ello a pesar de que gracias a un sistema de precios fijos la cantidad que paga por cada intervención es, por regla general, un 25% más baja que cuando la mujer afronta el coste de su bolsillo.

Los representantes de los centros han avisado por escrito a la Consejería de Sanidad de la situación hasta en tres ocasiones. En la primera carta, de marzo pasado, le pidieron una reunión urgente a la viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Patricia Flores, que, según denuncian, ni siquiera les ha contestado. En el escrito recuerdan a la Comunidad que las tarifas siguen igual que hace una década, pese a que el IPC ha subido un 28%. Antes de la nueva ley, explican, "el perjuicio de la falta de actualización de las tarifas era tolerable, y asumido como parte de nuestro compromiso social, dado que el porcentaje de pacientes bajo la cobertura de la Comunidad de Madrid no suponía ni el 20% del total de nuestra actividad".

Al aumento de esa actividad hasta el 70% se suma que los hospitales "vienen incurriendo en unos retrasos que nos generan un importante déficit de tesorería que ya no encuentra cobertura bancaria". Un mes después, las clínicas volvieron a manifestar su "alarma" por la situación, y avisaban de que si los hospitales no pagan eso significará "la inviabilidad de la citada prestación para las mujeres bajo la cobertura de la Comunidad de Madrid". Aún hubo una tercera carta, del 18 de mayo.

Ante la falta de diálogo, las clínicas se plantean ahora dar un ultimátum a la Comunidad. Si para el 15 de septiembre siguen sin cobrar, dejarán de realizar las intervenciones a las mujeres que lleguen derivadas de la sanidad pública. "Nosotros hacemos interrupciones de embarazo de alto riesgo a muchas mujeres que llegan de otras autonomías. Si tenemos que parar, el conflicto afectará a toda España", predice Muñoz. "No sabemos qué hacer para que las mujeres no salgan perjudicadas", añade. Un argumento parecido es el que utiliza Luisa Torres, de Dator, a quien le preocupa que la inacción de la Comunidad de Madrid y su falta de compromiso perjudique "aún más" a las mujeres. Una posible solución para paliar las consecuencias del eventual paro sería, según Empar Pineda, practicar los abortos solo a las mujeres con embarazos muy avanzados, de 21 o 22 semanas. "Por respeto a ellas, para que no sean las que paguen por esta situación".