El Constitucional permite que vuelva a utilizarse el catálogo gallego de fármacos

La Xunta de Galicia y el Gobierno mantienen abierta la guerra de los fármacos de la sanidad pública. El Ejecutivo gallego se felicitaba ayer por la decisión del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión del catálogo de medicamentos aprobado por la Xunta con el que el Gobierno gallego busca la restricción, basada en el ahorro económico, de los fármacos sufragados por la sanidad pública.

El Constitucional -ante el que el Gobierno español pidió la suspensión cautelar de la aplicación del catálogo por considerar que la ley autonómica invadía sus competencias y rompía el sistema de igualdad- levantó, agotado el plazo de tres meses, la paralización de esa ley. El Gobierno lo recurrirá.

Para el Ejecutivo gallego la decisión del Constitucional demuestra que "la Xunta tomó siempre decisiones en defensa de los intereses públicos y no de los particulares de las multinacionales farmacéuticas". La patronal farmacéutica española, Farmaindustria, tildó ayer de "cataloguiño" el nomenclátor gallego que "no es bueno ni para el sistema ni para los pacientes ya que afecta a la cohesión del sistema", precisó el presidente de esta patronal, Jordi Ramentol.

Tanto la patronal farmacéutica como el Gobierno advierten de que el auto del Constitucional "no entra en el fondo del recurso" y por tanto "no da la razón a la Xunta sobre su competencia, ajena a la del Estado" para elegir los medicamentos que recete la sanidad pública.

Sin embargo, en el auto se reconoce que en el periodo en que estuvo vigente el catálogo se ahorraron "unos nueve millones de euros mensuales", para concluir que la cifra es "suficientemente ilustrativa" de los efectos que "sobre la reducción de la factura farmacéutica y la sostenibilidad del sistema público sanitario" puede suponer el catálogo de medicamentos de la Xunta.El Ministerio de Sanidad apunta que con las nuevas leyes de medicamento que ha aprobado, el ahorro en Galicia en estos meses de paralización del catálogo de la Xunta "ha sido superior, alcanzando los 32 millones de euros".