La fiscalía investiga 849 posibles casos de niños robados en 40 años

Miles de personas -padres, hijos, hermanos-pudieron ser víctimas durante 40 años de tramas de médicos, enfermeros y matronas que robaron a bebés y comerciarion con ellos. Unos hechos tan graves y que afectan a tanta gente, que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha dicho que su investigación es para el ministerio público una cuestión "preferente".

Lo dijo ayer, en Valencia, donde presidió la junta de fiscales superiores de justicia de las comunidades autónomas y dio por primera vez las cifras de los casos de robos de niños para su venta ocurridos presuntamente entre 1950 y 1990 que se están investigando: son 849, de los que 162 han llegado a manos del juez por "indicios delictivos"; otras 38 denuncias han sido archivadas.

La investigación de los posibles delitos de detención ilegal agravados por sustracción de menores comenzaron a principios de año. Ahora, la prioridad es que las fiscalías unifiquen criterios para coordinarse, tanto en la atención personalizada a las víctimas como en la realización de pruebas de ADN que aseguren o descarten las sospechas de los afectados.

De momento, los fiscales ya han sacado algunas conclusiones. Conde-Pumpido apunta a la existencia de "tramas en algunos lugares concretos" del país. De hecho, plataformas de afectados de toda España ya han advertido alguna vez de lo mismo. Hace tres semanas, en Catarroja (Valencia), señalaron la acumulación de casos en Madrid, el norte del país y todas las comunidades del Mediterráneo, con insistentes sospechas sobre los mismos hospitales y clínicas, los mismo médicos y matronas en muchos casos... Sin embargo, Conde-Pumpido aclaró que "el conjunto de los hechos no se puede atribuir a una sola organización".

Hasta ahora, las investigación más avanzada es la de los 12 casos de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde el ministerio fiscal ya ha encargado pruebas de ADN y exhumaciones. Los laboratorios profesionales han tratado mayoritariamente este asunto, pues las familias que se sospechan víctimas quieren confirmar que el bebé que perdieron está enterrado donde les dijeron.

"Lo más normal es que los familiares con sospechas nos consulten", explica Amaya Gorostiza, del Laboratorio Genómica SAU de Madrid. Gorostiza calculaba ayer que su empresa ha atendido media docena de exhumaciones y decenas de análisis de ADN. "De manera inmediata no va a cambiar nada, el ministerio fiscal pretende trabajar sobre los casos denunciados y nosotros solemos hacerlo antes de la denuncia", dijo. "Además, las asociaciones de afectados manejan ya una base de datos de 700 personas", añadió.

Gorostiza recordaba las últimas exhumaciones y, de hecho, refrendaba las palabras de Conde-Pumpido. Pese a los avances, el fiscal general reconoció dificultades en la investigación "por la antigüedad de los hechos". Han pasado décadas, en muchos casos más de 30 años. Si tirar del hilo resulta complicado, las exhumaciones y posteriores análisis de ADN a veces acaban en nada. "Son bebés", explica Gorostiza, "la resistencia de los huesos es limitada y normalmente solo nos quedan los largos, el fémur y la tibia. A veces ha habido suerte y el caso se ha denunciado, otras no". Conde-Pumpido dijo ayer también que la fiscalía ha archivado 38 denuncias.