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Barreda y Cospedal / BERNARDO PÉREZ
La cuerda ya tensa entre PSOE y PP en Castilla-La Mancha, el bastión socialista con el que los populares se van a hacer por primera vez en tres décadas, se rompió ayer. El consejero de Presidencia de la Junta, Santiago Moreno, anunció que las reuniones de traspaso de poderes entre los equipos de ambos partidos quedan suspendidas.
Hay estadísticas que desmontan los clichés. El Partido Popular (PP) defiende que es austero allí donde gobiernan y critica al PSOE por ser propenso al gasto. Pero la trayectoria de las comunidades autónomas en el primer trimestre del año desmiente ese principio.
Si tuvieran que hacerse cargo de la deuda de su Ayuntamiento, cada uno de los 253 habitantes de Aguilar de Segarra tendrían que pagar más de 9.000 euros de su bolsillo. El de este diminuto municipio barcelonés es el caso más extremo de endeudamiento municipal.
Tras el desastre electoral del 22-M que ha hecho temblar el edificio del PSOE, la dirección socialista ha decidido, como primera medida, una urgente aproximación a las bases. El procedimiento elegido es inédito en ese partido: la consulta directa por medio de asambleas participativas, que a algunos les recuerda a la experiencia asamblearia del Movimiento 15-M.
Sin noticias del efecto Rubalcaba. El sprint del que habló José Luis Rodríguez Zapatero en alusión a la capacidad del vicepresidente primero del Gobierno como velocista no ha empezado aún, y la presentación pública del nuevo aspirante socialista a La Moncloa no parece revitalizar al PSOE, que sigue 13,8 puntos por debajo del PP.
Las razones de la indignación del Movimiento 15-M han encontrado un amplio apoyo entre los ciudadanos, que expresan en la encuesta de Metroscopia una opinión muy crítica con los partidos tradicionales. Es casi unánime (90%) la demanda de que los partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar para prestar más atención a lo que piensa la gente.
Josep Lluís Carod-Rovira, expresidente de Esquerra Republicana, ha dado un paso más en su distanciamiento de la actual dirección del partido y ha decidido causar baja como militante de la formación independentista aunque asegura que no dejará la política.
"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
El CNI y los servicios secretos estadounidenses llevaban dos años controlando a dos de los empresarios españoles detenidos por su presunta implicación en la venta de helicópteros de combate a Irán, un negocio prohibido por la ONU. Así lo prueban dos cables secretos del Departamento de Estado norteamericano, de finales de 2009, difundidos por WikiLeaks.
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