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El CNI y la CIA controlaron dos años los helicópteros que se iban a vender a Irán

Detenidos dos empresarios españoles que se reunieron en 2009 con agentes de EE UU

El CNI y los servicios secretos estadounidenses llevaban dos años controlando a dos de los empresarios españoles detenidos por su presunta implicación en la venta de helicópteros de combate a Irán, un negocio prohibido por la ONU. Así lo prueban dos cables secretos del Departamento de Estado norteamericano, de finales de 2009, difundidos por WikiLeaks, a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Son Jaime Bedia García y Pedro Torres Gallego, arrestados el pasado 25 de mayo junto a cuatro iraníes en una nave industrial de Navas del Rey (Madrid), donde se guardaban tres helicópteros. Ese mismo día la policía detuvo en Sabadell (Barcelona) a otros dos industriales españoles que guardaban seis aeronaves del mismo tipo. Los iraníes, según el Ministerio del Interior, "habían viajado a España para formalizar la compra del material de guerra", rompiendo el embargo de Naciones Unidas a Irán.

Entre los ocho arrestados hay un empresario iraní asentado en Dubai

Los compradores de los Bell 212 no han podido venderlos durante un lustro

La rocambolesca historia de estos helicópteros Bell 212, famosos por ser el modelo más utilizado en la guerra de Vietnam, se remonta a 2005. Al menos la de tres de esos aparatos, los que pertenecían a Bedia y Torres y que son los tres que aparecen en los papeles de WikiLeaks como controlados por EE UU. No fue una vigilancia secreta. Los empresarios recibieron numerosas visitas de funcionarios estadounidenses y de agentes del CNI para hablar sobre el destino de unas aeronaves que eran incapaces de vender.

El Ministerio de Defensa israelí sacó a subasta los Bell 212 en 2005. Quería desprenderse de un lote de helicópteros viejos. Una empresa alemana, European Petrol Station, ganó la posibilidad de comprar 16 aeronaves. Después, la española Club de Inversiones Guadaira -de Bedia y Torres- entró en el negocio. La firma alemana, el Ministerio de Defensa israelí y los españoles suscribieron un contrato por el cual Guadaira compraría los helicópteros de los que pudiera hacerse cargo. Se quedó solo con tres.

Bedia y Torres querían llevar los aparatos a Suecia. En España se había endurecido la legislación y no era viable obtener un certificado de navegabilidad aérea para los Bell. A tal fin, constituyeron una empresa en Estocolmo, European Helicopter Service, y pidieron permiso al Departamento de Estado -preceptivo, porque son aeronaves de fabricación estadounidense- para llevarlos al país escandinavo.

En ese momento apareció en escena el primer iraní de la historia, Alireza Valadkhani, dueño de varias empresas en Irán y en Dubai -uno de los países que suele usar Irán como pantalla para eludir el embargo-. Una de sus firmas, Exim Corner International General Trading, firmó el 5 de noviembre de 2005 un contrato con los españoles para la explotación conjunta de los helicópteros, según el abogado de Bedia, Jaime Sanz de Bremond. El iraní puso casi todo el dinero para pagar los helicópteros a los israelíes, deuda que tendría que saldar después el grupo español Guadaira.

Finalmente, en febrero de 2006, las aeronaves viajaron a Suecia con los permisos tanto de EE UU como de Israel. Pero en Suecia, según un portavoz de Guadaira, nada resultó como estaba previsto. La legislación para obtener los certificados de navegabilidad se endureció y los helicópteros estaban en peor estado del que los empresarios creían. No podían venderlos para transporte de mercancías ni para la lucha contra incendios, como habían pensado. Pasó el tiempo y las aeronaves seguían deteriorándose.

Los Bell 212 estuvieron tres años varados en Escandinavia. Los españoles constataron que jamás los podrían vender allí y pidieron permiso para almacenarlos en España. Los suecos les dieron una licencia de exportación y EE UU autorizó su traslado con dos condiciones: que al llegar a Madrid pudieran revisarlos funcionarios estadounidenses y que cualquier cambio de lugar o de uso contara con autorización de EE UU. Los Bell 212 llegaron en mayo de 2009 a España, cuatro años después de haber sido comprados a Israel.

Los cables secretos del Departamento de Estado muestran que EE UU temía una operación ilícita con Irán. En un documento con la firma de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, de 22 de octubre de 2009, se pedía a la Embajada de Madrid que controlara que los helicópteros habían llegado y que estaban "siendo usados para el propósito establecido". Ese telegrama avisaba de que era "el último de una serie de esfuerzos del Departamento para investigar y mitigar las sospechas de que la compañía sueca pudiera intentar trasladar los helicópteros a Irán a través de España".

Los funcionarios estadounidenses fueron a visitar la nave industrial de Navas del Rey (Madrid), donde estaban los aparatos. Allí se reunieron con el empresario Torres y con un hijo de Bedia. Ambos les explicaron que solo deseaban salvar lo que pudieran de un "negocio malo, malo", según consta en un telegrama de diciembre de 2009 de la Embajada de Madrid a Washington. En esa visita, los empresarios desgranaron los problemas que habían tenido desde el principio con los helicópteros y su imposibilidad de venderlos. No hay en ese cable ninguna referencia a su contrato con la empresa del iraní Valadkhani.

Los españoles confirmaron en esa reunión que agentes del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) habían visitado la nave para ver los Bell 212 y que también habían ido a las oficinas de Jerez de la Frontera (Cádiz). Los empresarios aseguraron que los rumores de la posible venta a Irán tenían su origen en un empleado en Suecia que temió quedarse sin trabajo por el traslado de las aeronaves a España. Enfurecido, había ido a la embajada de Estocolmo con "extrañas historias" sobre los intentos de sus jefes por vender los helicópteros de forma ilícita. Los empresarios, según el telegrama, "se rieron" de tales acusaciones.

Bedia y Torres valoraron cada uno de los aparatos en 500.000 dólares (342.000 euros), pero dijeron a los agentes estadounidenses que estaban dispuestos a bajar el precio o a venderlos por partes. Quedaron con los funcionarios en enviar un informe sobre todas las piezas para ver cuáles podrían ser vendidas y cómo. Según el abogado de Bedia, Sanz de Bremond, ese informe fue enviado en octubre de 2010 a la Embajada de EE UU en Madrid.

El iraní Valadkhani volvió a hacer su aparición tras el traslado a España de los helicópteros en 2009. Quería recuperar el dinero invertido. Entonces, según Sanz de Bremond, contactó con un grupo de empresas de Barcelona -Linneo y Grup Les Fonts- que también poseían helicópteros y que estaban interesadas en los tres Bell 212. El pasado mayo, la empresa del iraní de Dubai y el grupo Guadaira firmaron una adenda al contrato inicial por el cual la primera se quedaría con dos helicópteros y podría optar a comprar el tercero. Según el letrado de los empresarios de Guadaira, sus clientes añadieron en el documento que este solo tendría efecto si el traspaso se hacía a las empresas de Barcelona -no a una de Dubai- y con la autorización de EE UU. El iraní aceptó, y anunció que viajaría a España para ver el estado de los aparatos.

El 25 de mayo pasado, Valadkhani llegó a Madrid y fue a Navas del Rey. Lo acompañaban un abogado iraní con despacho en Barcelona, el dueño de una empresa de aviación civil iraní y un ingeniero de esa firma. Cuando estaban examinando las aeronaves, agentes de la Comisaría General de Información irrumpieron y detuvieron a todos. En Barcelona ocurrió lo mismo con José Creus y Pedro María Saénz de Maturana, administradores de las empresas que iban supuestamente a quedarse con los Bell 212. Ellos guardaban otros seis helicópteros en sus propios almacenes.

Bedia y Torres están en prisión por orden de la juez de Instrucción número 5 de Navalcarnero, por tentativa de contrabando y depósito ilegal de armas. A los iraníes les impuso distintas fianzas: 500.000 euros para el principal implicado, Valadkhani, que la pagó el pasado viernes; 18.000 para su abogado; y 10.000 euros para el ingeniero y el dueño de la empresa de aviación iraní, respectivamente, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los dos empresarios de Barcelona, tras declarar en Sabadell, quedaron en libertad.

"Si los iraníes eran tan peligrosos, ¿por qué han quedado en libertad?", se queja el letrado de Bedia y Torres. "Los Bell 212 no estaban ocultos. Mis clientes dieron siempre toda la información y no los iban a vender a la empresa de Sabadell sin la autorización de los norteamericanos", alega. EL PAÍS trató, sin éxito, de hablar con el empresario Creus.

A la busca de acero y microchips por el mundo

"Hay iraníes por todo el mundo intentando comprar desde helicópteros hasta microchips y otros productos que pueden tener un doble uso", explica un mando de la policía.

Irán está sometido desde hace años a un estrecho marcaje por parte de los organismos internacionales. La resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada en junio de 2010 con los votos en contra de Brasil y Turquía, supone la imposición de nuevas sanciones a Irán. Estas implican la expansión del embargo de armas y más restricciones a la banca y a las empresas de transporte.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizó recientemente en el Congreso de Estados Unidos un llamamiento a la comunidad internacional para endurecer las sanciones contra el régimen de Mahmud Ahmadineyad. Pero, pese a fomentar el aislamiento de su mayor enemigo, el Gobierno israelí permite que operen en su propio territorio al menos 200 empresas con fuertes vínculos comerciales con Irán, según el diario hebreo Haaretz. Estas operaciones abarcan incluso a la industria energética, que supone la principal fuente de ingresos de Irán y sirve para financiar su programa nuclear y armamentístico.

El Departamento de Estado norteamericano ejerce un férreo control sobre cualquier operación con Irán, sobre todo cuando se trata de material susceptible de tener una aplicación militar.

"En España detectamos con frecuencia a iraníes que salen y entran de nuestro país. Ellos dicen que están perseguidos por el régimen de Teherán, pero es falso", comenta la misma fuente policial. "Se mueven por el mundo en busca de materiales que a Irán le resulta casi imposible obtener", agrega. Y dice que la policía impidió hace unos meses que una empresa vasca vendiera una partida de aceros especiales a Irán por ser susceptibles de ser utilizados con fines bélicos.

Imputado en una catástrofe aérea

- El empresario Pedro María Sáenz de Maturana Aguirreurreta, directivo de la empresa Helieuropa Services, es uno de los detenidos ahora en la Operación Nam (en alusión a los helicópteros Bell 212 empleados en la guerra de Vietnam). El juez ordenó su puesta en libertad.

- Saénz de Maturana está procesado por el accidente de un viejo helicóptero que el 14 de junio de 2002 se desplomó en Torallola (Lleida) causando la muerte de sus ocho ocupantes, entre ellos la delegada de la consejería de Industria en Lleida, Divina Esteve.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 5 de junio de 2011

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