Los recortes sociales desatan la guerra entre Hereu y la Generalitat

Los plásticos cubren colchones, camas, sillas, mesas y sofás; la cocina, ascensores y despachos están listos. Lo mismo que la lavandería y las zonas comunes del centro de discapacitados Esclat Marina, en la Zona Franca. Es una residencia con capacidad para 54 personas -con grandes limitaciones físicas- y centro de día, un edificio completamente domotizado y con unas espaciosas y alegres instalaciones que está listo desde el pasado mes de noviembre, pero que sigue sin funcionar.

Todo depende de un concierto que se debe firmar entre la entidad Esclat -con otros centros en Barcelona- y la Generalitat. El concierto no llega y el centro, de momento, solo será ocupado por su director y tres personas más. "Así, mientras estemos no tendremos que pagar la seguridad, porque desde hace tres meses pagamos 24 horas y es un dineral", explica Lola de la Fuente, directora de la entidad. Esclat está en la zona de las casas baratas de Eduard Aunós y, pese a que se encuentra al lado de la comisaría de los Mossos, la zona está bajo el dominio del clan de los Jodorovich.

La guerra que se vivió entre Pujol y Clos se ha reabierto ante las municipales

Trias recrimina al alcalde que callara cuando el tripartito incumplía

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, cree que el caso de Esclat Marina y el de otros 10 equipamientos sociales ya acabados en la ciudad y que siguen sin abrir son un ejemplo de los recortes sociales que está aplicando la Generalitat, concretamente los departamentos de Bienestar Social y de Salud. Hereu demanda a la Generalitat que recorte otros gastos, pero no el social. Bienestar Social niega que todos estén completamente acabados. "En algunos todavía no hay suministros", explicaba una portavoz.

Reconoció que en tres casos -la propia Esclat Marina; la residencia Montnegre, en Les Corts, y el centro de atención a la infancia Joan Torras- todo está listo: "Estamos trabajando, pero no podemos hacer en tres meses lo que no se ha hecho antes". "Hay que medir bien las prioridades", añadían al preguntárseles si la puesta en marcha de esos centros se demora por falta de dotación presupuestaria.

Todo parece indicar que la guerra que se vivió entre el Ayuntamiento y la Generalitat a cuenta de los servicios sociales en la época de Joan Clos y Jordi Pujol se acaba de reabrir con el telón de fondo de las municipales. Xavier Trias, cabeza de lista de Convergència i Unió (CiU) en Barcelona, también cargó contra Hereu afeándole que en las legislaturas del tripartito no chistó cuando se retrasaba la puesta en marcha de equipamientos.

A los responsables de la residencia Esclat lo que les inquieta es no firmar el convenio con la Generalitat y no tener ninguna fecha prevista. En alguna reunión se les ha insinuado que lo que manda es la firma de los presupuestos y que todo se para hasta después de las municipales. El coste de una plaza en esa residencia es de 3.190 euros al mes; es decir, unos 150.000 euros mensuales, sin tener en cuenta los sueldos de la plantilla, de unos 65 trabajadores.

"Tenemos la lista de los pacientes ya cerrada y todos esperan que abramos", añade la directora de Esclat. Los usuarios son discapacitados de edades comprendidas entre 25 y 60 años que ya no pueden ser atendidos por sus familias o quieren independizarse. Las habitaciones -hay 15 por planta y tres de ellas son dobles- y todas las instalaciones están completamente diseñadas para personas con grandes minusvalías físicas, hasta el mínimo detalle. "Son unas instalaciones que funcionarán los 365 días del año. Se había hablado de graduar la apertura de las plantas a lo largo de este año y 2012", añade la directora.

Las familias de los discapacitados han contribuido a la construcción del centro con un millón de euros de los cerca de ocho que ha costado. Cuatro los costeó la Generalitat y el resto procedió de empresas, de obra social de bancos y de la propia entidad Esclat. El solar lo cedió el Ayuntamiento. La directora de Esclat se lamenta: "Es una pena que un ejemplo de colaboración de las Administraciones, entidades sociales y las propias familias no dé el servicio que ya debería prestar a las personas que lo necesitan".