Primero, la estabilidad

El encuentro del presidente del Gobierno con 41 directivos y empresarios ha servido en primer lugar para fijar como prioritaria la estabilidad de la economía española, todavía en trance de salir de la recesión, frente al discurso de la sucesión política que se había precipitado entre la clase política durante las últimas semanas. El presidente del Banco Santander verbalizó la idea que, con matices, suscriben las grandes empresas españolas: la mezcla de austeridad presupuestaria con reformas económicas (pensiones, laboral, las pendientes de las cajas y la negociación colectiva) han estabilizado la economía y han aumentado su solvencia frente a los mercados de inversión; es necesario apuntalar esa estabilidad antes de promover la sustitución del presidente del Gobierno, porque un cambio apresurado podría dar al traste con los avances económicos conseguidos.

Es evidente que la reunión del sábado en La Moncloa tiene consecuencias políticas. Avala la política económica del Gobierno (aunque, lógicamente, los empresarios piden más intensidad reformista), complica cualquier decisión sobre la sucesión de Zapatero, pero demuestra que es posible conseguir respaldos a una política económica dura y discutida. El Gobierno ha buscado el apoyo público de las grandes empresas y no es una decisión criticable; cualquier demostración de cohesión interna debe ser bienvenida en tiempos convulsos de la deuda y con una tasa de paro superior al 20%. Esa cohesión, que no salvará electoralmente al PSOE, también la ha buscado la Generalitat cuando la semana pasada pidió, y obtuvo, un acuerdo con los partidos y los agentes sociales para combatir la recesión y el paro en Cataluña. Los puntos del acuerdo son demasiado generales (simplificar la Administración, reformar la Formación Profesional o cambiar la fiscalidad de las pymes apenas marcan el camino de la reactivación), pero conceden al Govern un margen de maniobra para tomar decisiones.

El PP se ha empecinado durante el fin de semana en desatar una guerra disparatada a ver quién tiene más apoyo patronal. Si Zapatero se reunía con 41 directivos, Rajoy lo hacía ayer con un centenar de pequeñas y medianas empresas. Arguyen en Génova que en España son las entidades pequeñas las que crean empleo y que el Gobierno se reúne solo con las grandes. Se olvidan de que las pymes suelen trabajar asociadas a las grandes sociedades y que Joan Rossell, presidente de la CEOE y presente en La Moncloa, también lo es de un elevado número de pymes. Las promesas del PP a las pequeñas empresas son de una pobreza inquietante: más exenciones fiscales, presagio de un nuevo desarme fiscal del Estado si Rajoy llega a gobernar. El PP todo lo resuelve bajando impuestos.

Pero el PP no acepta que tiene una responsabilidad en la imagen de solvencia exterior de España. En eso tiene mucho que aprender de las empresas (grandes o pequeñas), que sí son conscientes de lo que importa para el crecimiento y el bienestar la cohesión económica y política del país.