El Gobierno rechaza los reproches de Eguiguren y recalca que Sortu es ilegal

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró ayer que Sortu es "secuela, derivada, sucesión de Batasuna", por lo que "no se dan los requisitos previstos en la Ley de Partidos para que esta formación sea legalizada", ni inscrita. Así de contundente se mostró para atajar las duras críticas del PP a lo dicho por el propio Caamaño un día antes ("Sortu no es ETA, porque si lo fuera estarían todos en la cárcel").

El ministro aprovechaba además para responder al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que en un artículo publicado ayer en EL PAÍS se había mostrado crítico con la posición del Gobierno de mantener Sortu ilegalizada hasta que ETA desaparezca. Caamaño se remitió a la posición del PSE, que poco después emitió un comunicado en el que compartía lo sustancial de la posición de Eguiguren excepto sus reproches al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro cree que "no se dan los requisitos" para dar luz verde al partido

El ministro hizo estas declaraciones en La Moncloa, tras entrevistarse con Zapatero. También estuvo en el encuentro Manuel Gómez Benítez, dentro de una delegación del Consejo General del Poder Judicial que se reunió con el presidente para tratar varios asuntos relacionados con la reforma de la justicia. Gómez Benítez fue, junto con Eguiguren, uno de los interlocutores del Gobierno en el proceso de diálogo con ETA en 2006.

La declaración de Caamaño fue un aval a la tesis de que Sortu es una continuidad de Batasuna, defendida por la Abogacía y Fiscalía del Estado ante la Sala 61 del Tribunal Supremo. Es el pronunciamiento más tajante que ha hecho el Gobierno en contra de la legalización de Sortu desde que este partido presentó sus estatutos el 7 de febrero.

Pero el Gobierno sabe además, en el plano político, que, a excepción de en Euskadi, la mayoría de la opinión pública está en contra de la legalización de Sortu y, en esas condiciones, el PP se siente cómodo abanderando la posición más dura contra de la credibilidad de la izquierda abertzale en su rechazo a la violencia de ETA.

Pero el Ejecutivo sostiene que su posición no solo responde a estos condicionantes (subrayados por Eguiguren en su artículo en EL PAÍS). Estima que Sortu tiene que ganarse la credibilidad que Batasuna perdió por su actitud ante el atentado de ETA en la T-4 en 2006. Y para ello, a su juicio, Sortu necesita demostrar, manteniéndola durante un tiempo, su apuesta por el rechazo a la violencia de ETA en la medida que la banda sigue viva y trata de capitalizar su historia evitando una ruptura con su pasado.

En todo caso, Caamaño resaltó que el Gobierno asumirá lo que decida el Tribunal Supremo, que ha anunciado sentencia antes del 28 de marzo.