La trama civil del 23-F

Tras cumplirse el 30º aniversario de la intentona golpista del 23-F, conviene recordar que aquel episodio se saldó con generosidad penal para los centenares de militares implicados -Antonio Tejero cumplió el máximo castigo, 15 años de privación de libertad, mientras la inmensa mayoría de guardias civiles a sus órdenes no pisaron la cárcel- y con total impunidad para la trama civil, a excepción del ultraderechista Juan García Carrés, condenado a dos años de prisión.

Las iniciales investigaciones sobre los golpistas civiles, cómplices o instigadores del 23-F, quedaron en nada, porque el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo se dio por conforme con sentar en el banquillo a las cabezas visibles de la asonada. Pero una circunstancia jurídica estuvo a punto de que aquella investigación se revitalizara unos años después.

El Gobierno de Calvo-Sotelo no quiso investigar las tramas ultraderechistas del golpe militar

Los siete periodistas autores del primer libro sobre el 23-F, publicado en marzo de 1981 por la editorial Punto Crítico, Todos al suelo: la conspiración y el golpe (Ricardo Cid Cañaveral, José Ángel Esteban, Rosa López, Juan van den Eynde, Fernando Jáuregui, José Luis Martínez y yo mismo) nos hicimos eco de aquella investigación incipiente y ello dio pie a cinco de los civiles aludidos en el libro a interponer una querella criminal contra sus autores, que fue admitida y tramitada por la justicia.

En el libro se identificaba a 12 militares y civiles, predecesores de los modernos "cornetas del Apocalipsis" que, bajo el seudónimo Almendros, publicaron, en las semanas anteriores al 23-F, tres artículos en el diario ultraderechista El Alcázar, favorables a un "golpe de timón", mediante un "Gobierno de regeneración nacional", al margen de la Constitución, que "tal y como está", decían, "no funciona" y "hace ingobernable la nación", por lo que prescindían de "Congreso, partidos, Gobierno" y apelaban "a las restantes instituciones del Estado", en concreto, "al Rey y las Fuerzas Armadas".

Los cinco civiles que se querellaron por injurias y calumnias fueron los ministros de Franco Federico Silva Muñoz y Gonzalo Fernández de la Mora; los también políticos del anterior régimen Jesús Fueyo y Luis Jáudenes, y el columnista de El Alcázar Ángel Palomino.

Pedían para los siete periodistas penas de cárcel y que indemnizáramos a cada querellante con medio millón de pesetas. Curiosamente, el ministerio fiscal no persiguió ni investigó al colectivo Almendros, pero acusó también a los periodistas de injurias y calumnias.

La incómoda situación de querellados nos permitía, en cambio, ejercer en el juicio la exceptio veritatis (demostrar que era verdad lo publicado), que reabriría la investigación sobre la trama civil. Teníamos una batería de pruebas e investigaciones preparadas.

Entonces recibimos la propuesta de los querellantes de retirar la querella si nos retractábamos. Nos negamos en redondo. Y durante más de 10 años se produjeron sucesivas suspensiones del juicio, hasta que, en noviembre de 1992, el tribunal presidido por la magistrada María Luisa Aparicio nos comunicó que había dado carpetazo al caso. Se archivaba, dado que los querellantes, que en 1981 promovieron la causa, habían producido "su paralización por un tiempo superior al plazo legalmente establecido".

No menor fue la sorpresa de los antiguos querellados supervivientes cuando, en el ensayo, tan justamente celebrado, de Javier Cercas (Anatomía de un instante, Mondadori, Barcelona, 2009), el autor, para quien la trama civil del 23-F era, en realidad, "la placenta del golpe", se atreve a asegurar (página 455): "... la supuesta trama civil fue denunciada apresuradamente en Todos al suelo: la conspiración y el golpe (...), por Ricardo Cid Cañaveral y otros periodistas, lo que hizo que los acusados presentaran una querella contra ellos; más tarde, algunos de esos periodistas se han retractado de sus acusaciones".

Lo más pintoresco de esta afirmación es que se fundamenta en las páginas 225-228 del libro 23-F: la conspiración de los necios (ediciones Foca, Madrid, 2001), entre cuyos tres autores figura Jáuregui, uno de los siete querellados.

En las páginas que Cercas invoca no aparece la retractación de nadie. Por el contrario, se afirma que la causa prescribió porque "ningún juez se atrevió a celebrar la vista oral" y se hace una revelación sensacional. Se narra que pocos días después del 23-F, Jáuregui acudió al despacho del general Manuel Gutiérrez Mellado para contrastar con él la lista que íbamos a publicar sobre la trama civil del golpe. "Hasta donde yo sé, esa lista podría ser buena", contestó el general, uno de los tres héroes del libro de Cercas -con Suárez y Carrillo-, magníficamente retratados en su obra. Jáuregui cuenta cómo una hora después se reunía con sus compañeros en la habitación 211 del hotel Victoria, donde se fraguaba Todos al suelo, y dijo: "Podemos publicar". Y así se hizo.

Este detalle del libro de Cercas (junto a otros, como considerar a Gutiérrez Mellado diputado [páginas 8, 34 y 127], o afirmar que las cámaras de televisión "se desconectaron de forma casual" [página 19*> sugiere que tal vez habría sido preferible que el estupendo escritor hubiera seguido su inicial instinto literario de construir una novela.