Detenidos por corrupción los exministros de Interior, Turismo y Vivienda

La Fiscalía egipcia ordenó ayer prisión provisional para tres exministros por desvío de fondos y blanqueo de dinero. Se trata de los extitulares de Interior, Habib el Adli; Vivienda, Ahmad el Maghrabi, y Turismo, Zoheir Garranah. Junto a ellos, también ha sido detenido el magnate del acero Ahmad Ezz. Todos ellos estarán en prisión provisional durante al menos 15 días.

El fiscal encargado de delitos financieros imputa al antiguo responsable de Interior el cargo de lavado de dinero, y a sus colegas, sendos delitos de desvío fraudulento de fondos públicos. "La fiscalía ha ordenado prisión provisional durante 15 días para la instrucción [del sumario]", indicó ayer una fuente judicial. Los tres políticos y el empresario, que han negado los cargos, tienen prohibido abandonar Egipto.

Mientras, la plaza de Tahrir (Liberación), epicentro de la revuelta que derrocó el viernes pasado a Hosni Mubarak, se dispone a recibir hoy a millones de egipcios para celebrar el Día de la Victoria. En Tahrir también está previsto que concluya la marcha de periodistas de los medios estatales que defienden la libertad de prensa y la lucha contra la corrupción para que Egipto inicie un camino real hacia la democracia.

Hasta el momento, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no se ha pronunciado sobre la derogación de las leyes que restringen la libertad de expresión, asignatura pendiente del órgano que ahora dirige el país. Los militares no se han mostrado interesados en abordar la cuestión. La oposición, sin embargo, desde el diplomático Mohamed el Baradei hasta los Hermanos Musulmanes, han declarado que debe ponerse en marcha de inmediato.

Muchos de los reporteros de los grandes periódicos estatales como Al Ahram, Al Akhbar y Al Gomhoreya exigen no solo libertad, sino también la dimisión de sus directores por estar ligados a la dictadura e imponer una "línea informativa contraria a la verdad". Muchos de los 5.000 periodistas integrados en el sindicato vertical no quieren que se les identifique con las informaciones tergiversadas sobre la revuelta de Tahrir que han ofrecido sus medios, señala Dina Kabil, periodista de la revista Al Ahram, del mismo nombre que el mayor periódico nacional. El malestar es especialmente patente en Al Ahram, donde la dirección ocultó durante cuatro días que uno de sus fotógrafos murió por un disparo, supuestamente proveniente del Ministerio del Interior.

Deslumbrados por la enorme repercusión que han tenido las redes sociales y algunos periódicos online egipcios en los 18 días de revueltas que acabaron con 30 años de poder de Mubarak, los profesionales de la información quieren libertad de expresión y seguridad para realizar su trabajo. Para Ibrahim Isa, exdirector de Al Dostour, los militares no tendrán credibilidad si no permiten una plena libertad de expresión.

Según Huba Lutfi, profesora de Historia recién jubilada, hasta que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no derogue el estado de excepción vigente desde 1981, libere a los centenares de presos políticos que permanecen en las cárceles e instaure la libertad de prensa, "no se podrá decir que ha cambiado el régimen".