Atmósfera viciada

La contaminación atmosférica de las grandes ciudades españolas es un problema grave y espinoso que los políticos españoles no solo no están dispuestos a afrontar seriamente, sino que pretenden solventar desviando la cuestión con artimañas y medidas incoherentes. Madrid y Barcelona sufren un nivel de contaminación ambiental que supera los límites establecidos por la Unión Europea. El exceso de partículas de dióxido de nitrógeno que contiene el aire que se respira en las dos urbes es una seria amenaza para el bienestar de sus habitantes, pero las únicas medidas capaces de reducir la concentración de dichas partículas son imponer restricciones al tráfico rodado. Medidas, en definitiva, supuestamente impopulares que los políticos con opciones de ganar las próximas elecciones locales no están dispuestos a asumir.

Los regidores de ambas ciudades (socialista en Barcelona; popular en Madrid), lejos de tomar las decisiones adecuadas, optaron en una primera instancia por pedir a Bruselas una moratoria para el cumplimiento de la directiva europea en una evidente estrategia electoral de aplazar el problema que al Gobierno central le será difícil defender ante la Comisión Europea. Es una defensa compleja y casi imposible, si se tiene en cuenta que a tal estrategia Madrid había sumado la artimaña de eliminar el año pasado las estaciones de medición en las zonas más contaminadas para enmascarar los resultados y la Generalitat, ahora en manos de CiU, ha tomado la sorprendente decisión de anular la limitación de la velocidad hasta los 80 kilómetros por hora en todos los accesos a Barcelona. El argumento esgrimido es que la renovación de la flota automovilística ha tenido claros beneficios para la contaminación.

Esta manera de entender la política local aleja a nuestras grandes ciudades de mejores prácticas, como las acometidas en Londres, Roma o París, donde se han aplicado medidas contundentes contra el tráfico, y ponen en entredicho la capacidad de gestión y el sentido de la responsabilidad de nuestros gobernantes, dispuestos a jugar con la salud de sus conciudadanos con tal de no arriesgar votos. El rifirrafe abierto entre el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, completa este triste cuadro que gozará de larga vida mientras los electores no eleven sus niveles de exigencia.