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Crisis municipal

El mantenimiento de la grave crisis económica, confirmado recientemente por los datos de la Encuesta de Población Activa, ha afectado con intensidad a muchos hogares e incrementado su demanda de servicios sociales y ayudas monetarias en todo el país para atender sus necesidades básicas. Los Ayuntamientos, por su mayor proximidad a los ciudadanos, son los encargados de ofrecer una primera respuesta a tal demanda, en un contexto de gran escasez de recursos económicos.

Hay que recordar que las vías de financiación ordinaria de los municipios son, por un lado, los tributos propios, en buena medida vinculados al sector inmobiliario; por otro, las transferencias de otras Administraciones, como la participación en ingresos del Estado, que se ha visto extraordinariamente reducida por el hundimiento recaudatorio de las grandes figuras tributarias (IVA, IRPF, impuestos especiales) que la componen y que, al entregarse con carácter anticipado a partir de previsiones de recaudación, han provocado un aumento de la deuda de los Ayuntamientos con el Estado cuando se efectuó la liquidación definitiva.

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Si a la presión creciente del gasto y a las carencias crónicas de medios sumamos la caída de los recursos tributarios y la prohibición para acudir al endeudamiento que se estableció para los municipios en el Real Decreto Ley 8/2010 del pasado 20 de mayo, podemos hacernos una idea de la difícil situación a la que deben hacer frente en estos días los Ayuntamientos, así como explicarnos los problemas de morosidad que tanto se han extendido en los últimos meses.

No es fácil pensar en soluciones en el corto plazo, dada la situación económica general y la exigencia de consolidación fiscal que afronta el sector público español. Las medidas de apoyo a la inversión local tomadas por parte del Gobierno son insuficientes y no parece fácil una solución basada tan solo en la austeridad y los recortes de gastos mientras no se confirme la salida de la recesión económica.

En todo caso, esta grave situación de nuestros Ayuntamientos pone de manifiesto la necesidad de una verdadera reforma de la financiación local que garantice un escenario de estabilidad económica de los Ayuntamientos, como se defendía en el informe que sobre esta cuestión preparó en el año 2008 un grupo de especialistas coordinados por el profesor Suárez Pandiello y que fue asumido por unanimidad por los integrantes de la Federación de Municipios y Provincias.

Jesús Ruiz Huerta es catedrático de Economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos I.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0030, 30 de enero de 2011.