El aire nocivo de la capital

Botella admite que la ciudad supera los límites legales de contaminación

El Ayuntamiento pedirá una moratoria a la Unión Europea - La concejal dice que tendría que reducirse el tráfico a la mitad y que eso "no es posible"

Madrid ha suspendido el examen de la contaminación de 2010. El año pasado era el de la verdad. Hasta entonces, los niveles máximos que fijaba la legislación europea eran solo recomendaciones, umbrales que tenían que servir para ir reduciendo progresivamente la contaminación. Año tras año, los llamados "márgenes de tolerancia" se iban estrechando, hasta llegar al objetivo de obligado cumplimiento. En 2010 la media anual de dióxido de nitrógeno, un gas irritante de las vías respiratorias que producen principalmente los vehículos de motor, debía ser inferior a 40 microgramos por metro cúbico. Madrid, tal y como anunció ayer la concejal de Medio Ambiente, Ana Botella, registró 44. Es decir, la capital está incumpliendo la legislación europea.

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Más de uno se sorprendió cuando, durante la comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Botella reconoció el incumplimiento. Era la primera vez. Hasta ahora, y pese a que Madrid ha estado superando ampliamente (en los últimos años, un 30%) los valores límite, el discurso del Ayuntamiento ha consistido en negar el problema, alegando que no se vulneraba ninguna norma. Ya no hay excusa, y por eso Botella cambió el discurso. Para amoldarse a lo que pide Bruselas habría que reducir el tráfico un 50%, aseguró. "Lo cual parece que ahora mismo no es posible".

La solución que apuntó ayer no pasa por imitar a capitales europeas que han instalado peajes de entrada al centro o zonas de bajas emisiones, sino por pedir una moratoria a la Unión Europea. Lo hará, dijo, a través del Estado, que es el único interlocutor válido. Madrid sería así la primera ciudad española que pide una prórroga para cumplir con Europa.Los datos sobre dióxido de nitrógeno que ofreció ayer el Ayuntamiento de Madrid muestran cómo solo seis de las 24 estaciones que forman la red de medición estuvieron por debajo del valor límite anual "para la protección de la salud humana" que exige la UE. Fueron precisamente los situados en grandes parques urbanos (Retiro, Sanchinarro y Villaverde) o en zona suburbana (Casa de Campo, Juan Carlos I y El Pardo). La zona más contaminada fue sin duda la almendra central, un área en la que habitan un millón de personas. Si la media anual de toda la red fue de 44, las 11 estaciones del centro registraron 50 microgramos/m3 de media.

Los 44 del año pasado pueden parecer menos malos si se comparan con los 54 de 2009. Así, estadística en mano, resulta que la contaminación descendió un 18,5% en un año. Pero tiene trampa. El dato no es comparable. El Ayuntamiento cambió la red de medición en enero de 2010. Eliminó algunas estaciones, cambió de sitio otras y añadió alguna más. Entre las que desaparecieron estaban precisamente las que peores datos habían registrado el año anterior, es decir, las situadas en las zonas con más tráfico de la capital, como la Castellana.

"Se pongan donde se pongan las estaciones, no hay manera de esconder la contaminación que sufre la ciudad a causa de su intenso tráfico", asegura Ecologistas en Acción, que también ayer presentó su informe sobre la calidad del aire de Madrid a partir de datos oficiales del Ayuntamiento. Uno de sus portavoces, Paco Segura, explicó que al baile de estaciones se suma el hecho de que el consumo de combustibles descendió en 2010 debido a la crisis económica (un 8% en la región) y que la meteorología fue bastante inestable -según sus datos llovió un 26% más que la media-, lo que ayudó a la dispersión de contaminantes. "Y aun así Madrid sigue fuera de la ley en lo que respecta a calidad del aire", aseguró. La organización está preparando una denuncia penal contra el Ayuntamiento por incumplir la legislación. "Por comisión por omisión, es decir, por no tomar medidas", precisó Segura.

Ana Botella también llevó a la comisión los datos de partículas en suspensión. Tanto las PM10 como las PM2,5 están por debajo de los límites que marca la Unión Europea. En el primer caso, la media anual fue de 22 microgramos por metro cúbico, cuando la legislación permite hasta 40. Las PM2,5, que proceden casi en su totalidad de la combustión de los motores diésel y a las que estudios recientes relacionan con el aumento de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad, registraron una media anual de 12, menos de la mitad de los 25 que permite la normativa. Sin embargo, la comunidad científica lleva años criticando ese límite por ser demasiado laxo. La Organización Mundial de la Salud asegura que a partir de 10 se producen efectos adversos en la salud.

Botella trató ayer de quitar hierro al hecho de que Madrid incumpla la legislación. "Ocurre prácticamente en todas las ciudades de la Unión Europea", aseguró durante la comisión. También se quejó de que la directiva europea "ha puesto unos parámetros muy difíciles de cumplir". Más con la crisis, añadió, que dificulta la "inversión muy, muy, muy fuerte que haría falta en distintos sectores para actuar en distintos grupos de automóviles que circulan por la ciudad".

Al Ayuntamiento no le será fácil conseguir la prórroga. La directiva europea 2008/50 lo permite, pero bajo unas condiciones muy estrictas. Madrid deberá justificar que ha hecho todo lo posible para reducir su contaminación y "demostrar" que al final del plazo será capaz de cumplirlo. "Gallardón y Ana Botella no han tomado una sola medida para reducir la contaminación debida al tráfico, que es responsable del 80% de los óxidos de nitrógeno en Madrid, salvo la de desmantelar las estaciones de control más contaminadas como Recoletos, Luca de Tena y Doctor Marañón y ponerlas en El Pardo, en el Parque Juan Carlos I o en el Ensanche de Vallecas", criticó ayer el concejal socialista Pedro Santín, cuyas preguntas en la comisión propiciaron las explicaciones de Botella.

Una portavoz del Ministerio de Medio Ambiente explicó ayer que Madrid tiene hasta septiembre para presentar la petición, que ellos tramitarán en Bruselas. La Comisión Europea dispone, a su vez, de nueve meses para evaluarla, pero si necesita pedir más información al Estado miembro el plazo empieza a contar hasta que la recibe. Puede ir para largo.

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