Arganda dejó de cobrar 23 millones en una obra de Gürtel

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística.Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.

La obra en la que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.