El dueño de Martinsa no declara ante el juez Pedreira pero niega las acusaciones

El empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora Martinsa, estaba citado a declarar a las diez de la mañana ante el juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira. Martín, en la tónica de los últimos citados, se ha negado a declarar ante el magistrado por entender que el TSJM no es competente para la instrucción del caso, pero sí ha hecho dos "apreciaciones" con las que ha venido a negar los cargos que se le imputan y a subrayar su inocencia. También estaban citados los empresarios José Luis Ulibarri y Amando Mayo Rebollo -que sí han contestado a las preguntas del juez-, así como el exalcalde Arturo González Panero, que tampoco ha querido declarar. Tras estas citaciones, Pedreira ha mantenido las imputaciones a todos los implicados.

El magistrado investiga a Martín por su posible participación en el mayor pelotazo del que considera cerebro de la trama corrupta, Francisco Correa. Según el sumario, el empresario pudo haber pagado en 2006 a Correa desde una cuenta en Suiza una cantidad superior a los 12 millones de euros por su intermediación por una adjudicación del Ayuntamiento de Arganda del Rey, entonces dirigido por el alcalde Ginés López, imputado en la causa.

Tras Martín, ha entrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Amando Mayo Rebollo, citado a las once. Fuentes jurídicas han informado de que Mayo ha dicho a Pedreira que no tiene nada que ver con esa acusación y que Martín le debe dos millones de euros. El sumario relaciona a este imputado con otra comisión ilegal, esta vez de 12 millones de euros, que a su vez estaría relacionada con la atribuida por la investigación a Fernando Martín. Un informe de la Policía Judicial hecho público a finales de junio destapa la relación entre las dos comisiones. Según consta en un documento incluido en el informe remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta de Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa".

Esto probaría que el pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el terreno.

Martín ha negado estos hechos ante el juez. En su primera apreciación, ha asegurado que la cuenta que tenía en Suiza es "personal" y los 12,8 millones que tenía no eran, como se sospecha, para pagar una comisión al supuesto cerebro de la trama, Francisco Correa. Según Martín, en el futuro "se conocerá" todo y se probará que la cuenta está regularizada y es legal. Ha añadido que sobre ese tema ya hay sentencias judiciales que acreditan que todo se hizo correctamente. La segunda apreciación que ha hecho a Pedreira es que la adjudicación de las parcelas en Arganda para construir 2.000 viviendas se hizo "conforme a la ley, con la más estricta legalidad y transparencia". El empresario ha asegurado que aportará todo el expediente que lo demostrará. Esta no declaración ha durado 40 minutos.

Al igual que Fernando Martín y Amando Mayo Rebollo, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero estaba citado hoy, a las 11.40, para declarar por un presunto delito fiscal, después de que la policía judicial detectara que el conocido como El Albondiguilla y su exmujer Elena Villarroya tuvieran una cuenta en un banco suizo, al margen del fisco español. Pedreira le citó a declarar el pasado 30 de junio. Ese día no se presentó, alegando su abogada que le coincidía con otros procedimientos del exregidor de Boadilla del Monte. Al igual que Villarroya, se ha negado a declarar.

A la una ha sido el turno del también empresario José Luis Ulibarri. El magistrado Pedreira considera que podría estar relacionado con el pago de comisiones presuntamente ilegales en relación con una parcela del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La empresa se llamaba UFC, y el sumario explica que el propietario de la firma pudo haber pagado una importante suma a Francisco Correa por su intermediación. Ulibarri lo niega, asegurando que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia avala su legalidad. Su abogado, Ignacio Peláez, ha señalado que Ulibarri no eludió el pago de tributos en la venta de una finca en El Escorial, tal y como dice Pedreira, y que el supuesto delito está prescrito.

Tras las citaciones, Pedreira ha mantenido la imputación a Fernando Martín por los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo y estos mismos tres delitos a Amando Mayo Rebollo. En el caso de González Panero, se le imputa la comisión de un presunto delito contra la Hacienda Pública. Anteriormente ya se le imputaba la comisión de los presuntos delitos de blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho. A Ulibarri, que declaraba por un presunto delito contra la Hacienda Pública, el juez le imputa este hecho, además de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, cohecho y blanqueo por los que ya venía siendo acusado.