El mar negro de Seseña

Cuatro o cinco millones de neumáticos forman una inmensa mancha negra de 9,8 hectáreas (unos 10 campos de fútbol) entre el municipio de Seseña (Toledo) y Valdemoro (Madrid), a la altura del kilómetro 33,500 de la carretera de Andalucía y a unos 400 metros de la macrourbanización construida por Francisco Hernando, El Pocero. Es un cementerio de ruedas que nació con licencia municipal en abril de 2003 para el reciclado de neumáticos. Nada más lejos de la realidad. "Se han dedicado a almacenar ruedas hasta unos límites inadmisibles y a cobrar por ello, sin condiciones de seguridad e incumpliendo sistemáticamente la declaración de impacto ambiental", critica Manuel Fuentes, alcalde de Seseña. La Junta de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el municipio llevan años de lucha para acabar con el vertedero.

Las instalaciones están precintadas judicialmente desde septiembre

"Nos preocupa que se pueda producir un incendio", dice el alcalde del pueblo

Las instalaciones están precintadas desde el pasado 21 de septiembre y la empresa que lo gestionaba, Disfilt, SA, ha abandonado el lugar, debido a que el contrato de arrendamiento de los terrenos donde se ubica el cementerio había finalizado, lo que se decretó por sentencia judicial. En estos años, la empresa ha acumulado expedientes administrativos, sanciones e incluso una sentencia judicial de enero de 2009 en la que el juez condenaba al propietario a una pena de tres meses de prisión, con multa incluida, como responsable de un delito contra el medio ambiente, según informa la Junta de Castilla-La Mancha. El propietario de la sociedad, Victorino Villadangos, rechazó hablar con EL PAÍS. "No es el momento adecuado y además ya no estoy allí", consideró Villadangos.

El empeño por hacer desaparecer el vertedero no es un capricho. "Ha incumplido la declaración de impacto ambiental [de agosto de 2002] y la ley de residuos, porque no reúne las condiciones de seguridad mínimas, supera los límites de almacenamiento, además de que las ruedas están a menos de 50 metros de torres de alta tensión", aclara Manuel Guerrero, director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de Castilla-La Mancha.

El alcalde de Seseña va más allá y añade: "El impacto visual es terrible, pero sobre todo nos preocupa el riesgo de que se pueda producir un incendio. Además, sus componentes generan contaminantes". La instalación ya sufrió un fuego, que se logró controlar a tiempo. Los equipos de bomberos de la Junta prestan una atención especial a la zona.

En torno al año de funcionamiento, la Junta empezó a sospechar que la empresa no estaba cumpliendo su cometido. "Si de algo me arrepiento es de haber creído al dueño durante algún tiempo. Pero realmente nunca hizo la inversión necesaria para mantener las máquinas de reciclado. Llegó un momento en que se acabó, y en 2005 se da la orden de que no entren más neumáticos", explica Guerrero. El juez suspendió la actividad, pero permitió que siguiera funcionando solo para eliminar las ruedas.

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por su parte, realizó una inspección en abril de 2009 para determinar si el vertedero ocupaba terrenos de la región sin permiso. Las sospechas se confirmaron. "Se le ha abierto un procedimiento sancionador por infracción grave de la Ley de Evaluación Ambiental, porque no es un gestor de neumáticos autorizado por nosotros", aclara un portavoz del Gobierno regional. Como consecuencia, la sociedad se enfrenta a una sanción que oscila entre los 60.000 y los 340.000 euros.

Ahora que la actividad está precintada el problema radica en que los neumáticos se almacenan en una propiedad privada. "El juez no nos deja acceder a las instalaciones, tenemos que llegar a un acuerdo con el dueño de la parcela", aclara Guerrero. Una vez que se pueda entrar, el Gobierno regional tendrá que decidir qué sistema utilizar para deshacerse de ellos. "Las máquinas de triturar tienen una capacidad y aquí no sabemos exactamente lo que hay. Calculamos que entre 40.000 y 60.000 toneladas. Hay que buscar un equilibrio entre eficiencia y tiempo", concluye Guerrero.

"También hay que determinar de quién es toda la responsabilidad, porque las empresas que le han estado llevando las ruedas sabían lo que estaba pasando y la legislación actual obliga a llevarlas a un centro que esté calificado como gestor", añade Guerrero.