Artistas, herederos, instituciones

El cierre de un museo, de cualquier museo, es una noticia tan mala que debería ir en las página de obituarios y no en las de cultura. Con que un solo ciudadano se quede de golpe y porrazo sin su derecho a utilizar la contemplación del arte como vacuna frente a la triste sucesión de los días y de las noches, ya tenemos una frustración en marcha. En el caso de Chillida-Leku, el fascinante templo de madera y piedra incrustado en las campas de Zabalaga, el número de frustraciones se eleva a 810.000: la cifra de visitantes desde su fundación hace diez años. Diez años: menudo cumpleaños. Un ERE de regalo y cerrojazo el 1 de enero. "Déficit recurrente", según el comunicado de la familia Chillida. Apostemos: el cierre no será definitivo, solo temporal. Las instituciones públicas, en este caso Gobierno Vasco, Diputación de Guipúzcoa y Ayuntamiento de San Sebastián (sin olvidar el de Hernani, término municipal donde se encuentra Chillida-Leku), no pueden permitir que el museo que alberga el legado del inmenso creador de El Peine del Viento encalle sin remisión. Si lo hacen -y esto también le incumbe al Ministerio de Cultura- habrán fracasado en su función: que, entre otras, es proteger y divulgar el acervo cultural. Dicho esto, estamos ante un nuevo caso de divorcio entre los herederos de los artistas y las instituciones. En la base del problema está el modelo de gestión de estos museos familiares. Los políticos están dispuestos a pagar las facturas (y cada vez menos, con la que está cayendo), siempre que se les ceda parte de la capacidad de decisión. Parece lógico. Nada sale gratis, tampoco en la cultura. Los Chillida llevaban tiempo pidiendo dinero. No ha podido ser. De momento, y como ya ha ocurrido con el Centro José Guerrero de Granada -salvo milagro cerrará por falta de acuerdo entre la Diputación y los familiares, con 60 obras del artista saliendo pitando para un guardamuebles- Chillida-Leku nos dice agur.