Reformas obligadas

El debate parlamentario de ayer sobre el empleo dejó en el aire dos interpretaciones en torno a las políticas contra la recesión. La primera, conocida, es que el PP carece de un discurso económico que merezca tal nombre; las intervenciones de su presidente, Mariano Rajoy, son una mezcla mal agitada de invocaciones genéricas, acusaciones de campanario y petición de elecciones anticipadas, cuando en realidad debería estar rogando para que las elecciones se pospongan todo lo posible con el fin de que, en ese plazo, el PP pudiera articular alguna idea económica propia. La segunda es que el presidente del Gobierno parece haber incorporado definitivamente a su discurso las exigencias de los mercados, es decir, de los acreedores de la deuda de España, para justificar sus propuestas.

Rodríguez Zapatero anunció ayer que el Gobierno presentará en el primer trimestre de 2011 el proyecto de ley de reforma del sistema público de pensiones ("es un compromiso que no tiene marcha atrás"). Estaba intentando zurcir el roto que hizo el ministro de Trabajo cuando sugirió, sin más precisiones, que la reforma de las pensiones quedaba aplazada. Porque los inversores consideran que una parte de la solvencia pública de España depende de que sus Gobiernos sean capaces de garantizar, sin déficit, la percepción de las pensiones más allá de 2025. Esa garantía solo existe si desde comienzos de la década se calcula la pensión según la vida laboral del trabajador y la jubilación pasa desde los 65 a los 67 años. Cuanto más se retrasen las decisiones, más drásticas serán las correcciones obligadas.

Parece que la patronal carece de fuerza o iniciativa para opinar y negociar sobre el caso; y parece también que los sindicatos siguen sin entender la gravedad de la situación. Ofrecen un pacto si el Gobierno retira la propuesta de los 67 años; pero este no es un juego en el que una parte pueda imponer sus condiciones. La obligación sindical (y patronal) es negociar el pacto, es decir, un acuerdo en el que estén incluidas las correcciones necesarias para que los pensionistas de 2025 puedan cobrar sus pensiones; y el pacto tiene que incluir el aplazamiento de la edad de jubilación y un cálculo de la pensión.

Acierta el presidente cuando pone un calendario para las reformas comprometidas, desde la reforma laboral hasta los cambios en la negociación colectiva y la modificación de las políticas activas de empleo. Los más de cuatro millones y medio de parados necesitan con urgencia un Instituto de Empleo que trabaje como una agencia de colocación eficaz. Pero la debilidad más importante del discurso del Gobierno es la relación entre crecimiento, empleo y déficit. Sin crecimiento sustancial (no lo habrá en los próximos trimestres), el paro seguirá anclado en tasas cercanas al 20% y la credibilidad del ajuste fiscal ante los mercados perderá enteros. Por eso es decisivo que la otra reforma, la financiera, esté concluida de verdad antes de 2011. Sin crédito no habrá empresas, ni actividad, ni empleo, ni reducción del déficit.