Los vecinos podrán poner veto a los pisos turísticos

Los propietarios de apartamentos de uso turístico deberán tener licencia municipal y los vecinos podrán vetar la presencia de estos negocios en los edificios donde viven, según el decreto que el Gobierno catalán aprobó ayer. El sector, agrupado en la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), expresó inmediatamente su malestar por una normativa que considera que "no regula efectivamente" la actividad y aseguró que recurrirá el decreto en los próximos días. Convergència i Unió criticó la falta de consenso.

El decreto, que, para ser exactos, habla de "viviendas de uso turístico", pretende regular los pisos que se ceden a terceros para estancias inferiores a tres meses y se enmarca en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2008.La Ley del Derecho a la Vivienda creó la figura de las viviendas de uso turístico, las que se ceden a un tercero de forma temporal. El texto, que ha sido redactado por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, busca, según el Gobierno, dar mayor seguridad jurídica y garantías tanto a los propietarios como a los usuarios de estos pisos, y traspasa a los Ayuntamientos la concesión de licencias y la capacidad inspectora.

Pero el nuevo decreto detalla que la licencia "no será posible si está prohibida por la ordenación de usos del sector [por el urbanismo] o limitada por los estatutos de la comunidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal". Esto es, explica el subdirector de Ordenación Turística, Joan Abad, "si cuatro quintas partes de los popietarios del edificio deciden que no quieren usos turísticos".

Desde el punto de vista de las condiciones de los apartamentos, el decreto fija estándares de calidad -deberán tener cédula de habitabilidad y estar amueblados y equipados- y, lo fundamental, exige que el titular de la vivienda obtenga la autorización o licencia del Ayuntamiento. Este es uno de los puntos polémicos, porque la Federatur alerta de que cada Consistorio podrá fijar sus condiciones sin que existan unas exigencias homogéneas.

La nueva norma prevé que los Ayuntamientos creen la figura de un inspector que -al no tratarse de un domicilio- pueda entrar a revisarlos. Además el propietario deberá facilitar un teléfono de contacto, garantizar el mantenimiento del espacio y disponer de hojas de reclamación. El decreto también establece el cese de la actividad si no se dispone de licencia e incluso multas de entre 30.000 y 90.000 euros a quienes comercialicen viviendas para estancias cortas sin la licencia. "El decreto viene a dar cobertura a un agujero legal", defendió ayer el consejero Joaquim Nadal, que ejerció de portavoz del Gobierno tras su reunión semanal.

El decreto, que llega tras siete años de reuniones y sucesivos borradores, soliviantó ayer a la federación que agrupa a los empresarios. "No estamos en contra de la regulación, todo el mundo debe estar debidamente inscrito, pero no se pueden pasar las competencias a los Ayuntamientos, que no tienen medios y actuarán cada uno por su lado", lamentó el presidente de la Federatur, Lluís Torrent. "Lo debería controlar la Generalitat a través del registro de Turismo, como ocurría hasta ahora", añadió.

El sector calcula que existen entre 350.000 y 400.000 apartamentos de uso turístico. Sus propietarios tienen un año para obtener la licencia y cuatro años de plazo para adaptarse en el caso de los Ayuntamientos que ya hayan regulado la actividad, como el de Barcelona y el de Palamós.

Convergència i Unió tachó el decreto de "inaceptable" y acusó al tripartito de actuar "a la desesperada, a 19 días de las elecciones y sin el apoyo del sector".