Si robas diez veces más, no eres un ladrón

A veces es difícil saber a quién han robado y quién es el ladrón, y si no se lo creen, lean la noticia que ha salido estos días en el periódico, según la cual Telefónica le ha devuelto 44.351 euros a una concejala del PP en Getafe cuyo teléfono oficial, según dice, utilizó su hija para descargarse de Internet una serie de televisión. Sus rivales del PSOE le han pintado en la espalda la palabra malversación, pero nadie acusa de nada a Telefónica, sino a su víctima, lo cual es como culpar a los polacos de la expansión del nazismo por dejarse invadir: "¿Una factura de 44.351 euros?", dice Juan Urbano, mientras se apresura hacia su oficina. "Es una vergüenza, y me da igual si la concejala miente o dice la verdad, si su hija se descargó una serie o si fue ella que llamaba a su familia todas las mañanas, porque ese dinero no lo vale ni llamar a Washington cada mañana para darle los buenos días a Obama". Y después de eso, repite que el problema de este país es el modo en que las compañías de teléfonos, las líneas aéreas y los jueces siguen siendo intocables, es decir, que están siempre por encima de la ley.

Si hay algo incomprensible para la mayoría de los ciudadanos, son los jueces

Lo de los jueces lo dice porque está indignado con ese despropósito del Consejo General del Poder Judicial que consiste en destinar 450.000 euros a la contratación de una póliza de seguro que haga frente a la responsabilidad civil en la que puedan incurrir sus componentes y hasta sirva para pagarle la fianza a aquellos que se vean sometidos a un proceso penal. Eso también es dinero público y supone diez veces la cantidad que la telefónica le quería sablear a la concejala de Getafe, y lo digo porque esa gente no cobra, acuchilla. ¿Y nadie de ningún partido va a salir a clamar por semejante escándalo, semejante abuso de poder y semejante saqueo? Alguien se ha confundido: la que lleva la venda en los ojos es la justicia, no sus vigilantes.

Si hay algo incomprensible en España para la gran mayoría de sus ciudadanos, son sus jueces, tan arbitrarios, tan inexplicables y tan tendenciosos en algunas ocasiones que lo mismo hunden a Baltasar Garzón por intentar investigar el franquismo y tal vez por llegar demasiado lejos en su búsqueda de las raíces de la trama Gürtel, que condenan a un hombre al que una negligencia médica dejó en coma hace veintiún años. El hombre fue a hacerse una operación de cirugía estética, para arreglarse la nariz, y salió del quirófano convertido en un vegetal. La familia puso una denuncia y el Tribunal Supremo exculpó a la clínica Nuestra Señora de América y al anestesista, les condenó a ellos a pagar 400.000 euros por los costes del juicio.

Menos mal que lo que pisotean los tribunales lo puede reconstruir la buena suerte, porque los padres del paciente decidieron protestar, acamparon junto al Ministerio de Justicia y una noche, por pura casualidad, pasó por allí un médico que había estado presente en la intervención que dejó en coma a su hijo y que vio cómo fue un descuido del personal del centro lo que provocó la catástrofe. El abogado de la familia ha pedido al Tribunal Supremo que revise la sentencia, y parece que va a hacerlo. Esperemos que no sea para cobrarles otros 400.000 euros. Porque eso seguirá logrando que en este Estado de Derecho en el que vivimos, cada vez que alguien tiene que ir a un juzgado lo haga lo mismo que en la dictadura se iba al cuartel de la Guardia Civil: con miedo, porque no haber hecho nada no era razón suficiente para no estar asustado.