Una sentencia pone en jaque el mapa eólico catalán

El mapa eólico catalán es uno de los grandes logros del Gobierno tripartito, pero puede convertirse en uno de sus grandes dolores de cabeza. La Generalitat anunciará en breve las empresas que podrán levantar los parques eólicos en las zonas determinadas, lo que se conoce como el mapa eólico catalán, que divide el territorio en siete áreas. El problema es que la que ofrece más potencia -la Conca de Barberà y la Segarra- tienen una sentencia en contra que puede desmontar el mapa. Fuentes del sector aseguran que no es la única área afectada por contenciosos. Al menos 306 megavatios de los 769 que salen a concurso pueden acabar distribuidos de una forma distinta a la prevista.

Eso implica que el meticuloso esfuerzo llevado a cabo para levantar molinos en los mejores lugares quizá se vea empañado por los litigios. En 2004, la Generalitat frenó los proyectos que habían iniciado ya su tramitación pero que no reunían todos los requisitos necesarios, a su entender, para crear un parque en condiciones. Era una manera de detener la proliferación de parques a la espera de dibujar ese mapa eólico, que agiliza los trámites y concentra los parques en los lugares óptimos, en lugar de diseminados por todo el territorio.

306 megavatios de los 769 que salen a concurso son objeto de litigios judiciales

Como resultado, 34 empresarios llevaron a la Generalitat a los juzgados. Sólo 10 sentencias son firmes hoy: nueve a favor de la Generalitat y una en contra. Pero quedan aún 24 recursos que están en algún nivel de la Administración de justicia. De estos, 10 han sido contrarios a la Administración en primera instancia, ocho a favor y seis esperan sentencia.

El problema de la composición definitiva del mapa salió ayer a relucir en unas jornadas organizadas en Barcelona en las que participó el director de Energía y Minas, Agustí Maure. A preguntas del público, Maure admitió que la zona de desarrollo preferente (ZDP) II, formada por la Segarra y la Conca de Barberà, se adjudicará condicionada a lo que determinen dos sentencias. Ello permitirá que Establecimientos Industriales y Servicios, SL (EISSL), lleve adelante un par en la mencionada zona.

La compañía ganó en primera instancia el recurso contra la decisión del Departamento de Economía, responsable de las políticas de energía, de frenar su proyecto. La Generalitat recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha decidido que los pasos para construir el parque deben seguir adelante mientras dirime la cuestión. El TSJC podría haber estimado la paralización como medida cautelar, pero no lo hizo.

Un portavoz de Economía insistió ayer en que la ZDP II es la única zona condicionada por una sentencia. De los siete lugares que establece el mapa eólico, la ZDP II es uno de los más codiciados, con más potencia (186 megavatios de los 769 que salen a concurso). Si el conflicto se resuelve en contra de la Generalitat, el adjudicatario deberá ponerse de acuerdo con EISSL para construir su parque.

La cosa podría ser más rocambolesca y que la Generalitat adjudicase a la propia EISSL la ZDP II. Según fuentes del sector, la compañía pugna también por esta zona. Este periódico trató ayer sin éxito de obtener su versión. EISSL acude junto con Siemens al concurso eólico y opta a tres zonas. Todos los grupos que luchan por el pastel eólico ya conocían las características de esta zona. Ayer ninguna de las empresas quiso dar su opinión.

El otro problema se encuentra en otra de las codiciadas plazas: la ZDP V, de la que forman parte la Ribera d'Ebre y la zona fronteriza del Baix Camp con la primera comarca, con 120 megavatios. Fuentes del sector aseguran que un proyecto eólico en las montañas de Tivissa-Vandellòs está a la espera de sentencia. Esas mismas fuentes aseguran que otro proyecto de miniparques podría ser problemático.

El mapa eólico está haciendo sudar al Ejecutivo autónomo. En un principio, el mapa debía tener ocho zonas, pero la oposición del territorio le obligó a renunciar por ahora a la de la comarca del Priorat y la del área del Baix Camp que no linda con la Ribera d'Ebre. En el Alt Empordà, donde se levanta la ZDP I, el Ayuntamiento de Figueres también ha llevado el mapa a los tribunales. Considera que no respeta la opinión del territorio y que afecta a la zona protegida de la sierra de la Albera.