Un constructor de 'Gürtel' devuelve 20 millones al fisco y da un vuelco al caso

El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos.

Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.

Javier Iglesias: "Mi cliente ya no tiene ninguna deuda con Hacienda"

El juez Pedreira ha impuesto fianzas civiles superiores a los 200 millones

Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.

Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.

Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonensa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia.

El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos contra la Agencia Tributaria.

Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.

A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.

Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.

Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez Pedreira.

Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170 millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.