El juez prohíbe ensalzar el historial "delictivo" de la etarra Laura Riera

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz decidió ayer prohibir el homenaje a la etarra Laura Riera por su salida de la cárcel, convocado para hoy por diversos colectivos en el barrio de Gràcia de Barcelona. El magistrado ha determinado que el recibimiento iba a constituir una exaltación del "currículo delictivo" de Riera y otras dos etarras presas en Francia a las que se pretendía hacer extensivo el homenaje, y ha ordenado a las fuerzas de seguridad que adopten medidas para impedirlo.

La etarra Laura Riera ha cumplido una sentencia de nueve años por colaborar con el comando Barcelona, facilitando matrículas de los vehículos de posibles objetivos. Otra de las etarras que iban a ser homenajeadas, Marina Bernardó, cumple nueve años de condena en Francia y tiene un proceso pendiente en España. Dolores López Resina cumple en Francia una condena de 18 años por robo de dinamita y tiene pendientes en España otros 300 años.

Los Mossos preparan un dispositivo para "hacer cumplir" la orden judicial

El juez Ruz ha apreciado que los actos convocados están dirigidos al "ensalzamiento, reconocimiento público o, sin más, al enaltecimiento de personas terroristas por el hecho de serlo", así como a la justificación de la lucha armada de ETA, con el consiguiente menosprecio y humillación a las víctimas. De ahí la necesidad de prohibirlo, "acogiendo la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia y de conformidad con el Ministerio Fiscal".

Entre los colectivos convocantes, el juez ha establecido que Rescat presta apoyo a individuos de origen catalán que han sido detenidos o condenados por pertenencia o colaboración con ETA, y SAT centra sus reivindicaciones en los movimientos okupas y anarquistas de Cataluña.

Por todos esos antecedentes, el juez resuelve que los actos convocados están dirigidos a la justificación de las graves actividades delictivas que en su día llevaron a cabo por su vinculación con ETA. Para el magistrado, resulta "especialmente significativo" que en la convocatoria se anime a continuar la lucha armada.

Los convocantes jugaron ayer al despiste. Antes de reunirse en secreto los principales organizadores, su intención era seguir adelante con el acto pese a la prohibición. A última hora de la noche, sin embargo, aún no habían hecho pública la decisión adoptada en la reunión.

Los Mossos d'Esquadra tienen ante sí una prueba de fuego. Se han comprometido a "hacer cumplir" la orden dictada por la Audiencia y, por tanto, impedirán que se celebre el acto. La policía autonómica no ofreció ayer detalles del dispositivo, aunque fuentes policiales aseguraron que el objetivo es evitar que, en caso de que los convocantes sigan adelante, se lleguen a reunir personas en la plaza del Raspall.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) se congratuló por la decisión del juez y expresó su confianza en que se "acate" la decisión. La entidad seguirá el acto y en caso de que haya enaltecimiento del terrorismo acudirá a los tribunales. PP y CiU también mostraron su satisfacción por el veto judicial. Según el PP, la decisión deja en evidencia a la Generalitat y al Ayuntamiento por su "pasividad". "No solo no hicieron nada para impedir el acto, sino que además guardaron silencio", dijo el presidente local del PP, Alberto Fernández Díaz.

El Ayuntamiento de Barcelona llamó a la "cordura" y al "respeto" a los vecinos de Gràcia y manifestó su "total" colaboración con el Departamento de Interior para evitar conflictos.

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